El IRPF y el ‘helicóptero monetario’

Las consecuencias del coronavirus son profundas y pueden ser devastadoras. Su mitigación y compensación van a poner a prueba la imaginación, el conocimiento y la eficacia de nuestras instituciones públicas y privadas. Las primeras intervenciones públicas se están dirigiendo a reducir el coste de la pandemia en vidas humanas evitando la saturación de nuestros sistemas sanitarios y, cuando esto se vaya consiguiendo, que aparezcan después rebrotes descontrolados. Pero, simultáneamente, las administraciones tendrán también que diseñar e implementar amplios paquetes de medidas económicas conducentes a ir recuperando el ritmo y la vitalidad perdidos en estos meses.

La valoración que en estos momentos se hace del impacto económico en términos cuantitativos apunta a una caída entre el 7% y el 12 % del Producto Interior Bruto (PIB) en el área de la Unión Europea. Esto nos sitúa ante un horizonte económico que va a requerir de medidas excepcionales de intervención pública, tan intensas o más que las adoptadas en el período de la postguerra a la II Guerra Mundial, como el Plan Marshall, o que las propias de la economía keynesiana seguidas durante la Gran Depresión de los años 30.

En el ámbito de la Unión Europea, está en el horizonte, impulsado por los países del sur, la monetización de las deudas provocadas por las pérdidas de actividad económica mediante la emisión de bonos mutualizados; esto es, respaldados por el conjunto de los estados miembros. Otra posible medida, más directa aún, es entregar rentas extraordinarias a los ciudadanos mediante un ‘helicóptero monetario’”. Se busca mitigar así, al menos parcialmente, las pérdidas de renta que para cada familia o para cada ciudadano está provocando la ralentización de la actividad productiva. El helicóptero consiste en la puesta a disposición, de manera inmediata y excepcional, de una cantidad de dinero (por ejemplo, por una cuantía global equivalente al 3% del PIB) a cada familia o ciudadano mayor de edad (verbigracia: a cada uno de los aproximadamente 21 millones de contribuyentes). Esto supondría, por ejemplo, unos 1.200 euros por cada uno y unos 300 euros por cada hijo menor de edad.

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Podríamos pensar que este dinero no debería ir a todo el mundo y destinarse exclusivamente a los más necesitados, mediante una renta básica (RB) que mensualmente percibirían los mas desfavorecidos de la sociedad. Una RB cubriría ciertamente objetivos sociales y económicos, de carácter redistributivo y de justicia social, pero no resultaría tan inmediata y efectiva como una renta extraordinaria. De lo que se trata es de mitigar el impacto económico sobre las familias españolas provocado por la paralización productiva y la caída en la demanda como consecuencia de las medidas de confinamiento y separación social adoptadas para combatir el coronavirus.

La diferencia entre una RB y una renta única y extraordinaria radica en que: 1) Los costes de implementación (requisitos, controles, lags temporales, etc.) son mucho mas bajos en el caso de la renta extraordinaria; 2) la RB es recurrente, se percibe periódicamente y, por tanto, no produce el impacto instantáneo que se requiere sobre una sociedad y una realidad golpeadas por una paralización temporal de la actividad socio-económica; y 3) la propensión marginal a consumir del colectivo al que se dirige la RB es sumamente específica (intensa en bienes de primera necesidad y nula en otro tipo de bienes) y no tan general como el que se puede conseguir mediante una transferencia de riqueza general e instantánea al conjunto de ciudadanos mayores de edad.

Pero es que también, en el caso de una renta extraordinaria, se pueden alcanzar objetivos redistributivos eliminándola para los colectivos que no han sufrido especialmente los efectos económicos derivados de la pandemia de la Covid-19. Por ejemplo, mediante la idea expuesta hace unos días por Toni Roldán, y apoyada en la del economista R.G. Mankiw, consistente en articular el reparto instantáneo de renta en un año (por ejemplo, en 2020) con un impuesto extraordinario al año siguiente a pagar por quienes, habiendo recibido la percepción extraordinaria, no hubieran visto afectados sus ingresos regulares como consecuencia de la pandemia que estamos padeciendo.

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Hay experiencias recientes en el mundo de este tipo de medidas. Estados Unidos ya ha enviado un cheque de 1.000 dólares a cada ciudadano en paro y en Singapur se ha repartido una renta de 600 dólares a cada ciudadano mayor de edad. En este último caso, además, se ha modulado esta ayuda según las circunstancias familiares, ampliándola con 300 dólares para cónyuges no signapurienses e igual cantidad por cada hijo singapuriense.

En España, esta riqueza lanzada desde un helicóptero se puede hacer llegar a los ciudadanos aprovechando la tecnología logística e informática de la Hacienda Pública antes que finalice el período de declaración del IRPF. Así, las cantidades a cobrar por cada ciudadano (entiéndase contribuyente) llegarían a los hogares mediante un descuento en las declaraciones positivas y sumándose a la devolución a practicar en las declaraciones negativas. Sería suficiente una carta de pago complementaria a la del IRPF, compensándose las cantidades en una y otra. Las ventajas de articular de esta manera la renta extraordinaria son las siguientes:

  • Este sistema es rápido y de costes administrativos relativamente bajos. La renta tomaría la forma de una cantidad líquida totalmente ajena al impuesto, no formando parte, ni para sumar ni para restar, de la denominada cuota líquida tributaria que regula la legislación fiscal. Sería un importe ajeno a la cuota del tributo, pero que se haría efectivo mediante una carta de pago simultánea, análoga y compensable con el resultado incluido en la carta de pago del IRPF.

  • La renta extraordinaria podría modularse fácilmente según las circunstancias familiares de los receptores; mejor, por ejemplo, que si el reparto se hiciera mediante cuentas corrientes comunicadas por cada ciudadano incluido en el censo electoral que gestiona el Instituto Nacional de Estadística. Además, las cantidades percibidas se identificarían subjetivamente con el Impuesto sobre la Renta, reforzando la imagen de una Hacienda Pública a la que merece la pena contribuir cumpliendo con la legislación fiscal.

  • Resulta complementaria y compatible con programas de RB y con otros apoyos a la financiación de las pérdidas que, aun siendo de implementación más lenta y costosa por requerir mayores controles, resultan efectivos para cumplir los objetivos de justicia social y redistribución de rentas.

En definitiva: si una renta extraordinaria resulta efectiva, cuanto antes (desde luego, antes de que termine la campaña de Renta) se apruebe la normativa básica para la implementación de esta renta caída del cielo, compensando o completando las cantidades a ingresar o a devolver de la carta de pago en la declaración del IRPF de 2019 y que estamos cumplimentando en 2020, mejor. Su implementación sería sencilla, efectiva e inmediata.

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