El derecho a estar en desacuerdo

Hablar de política y expresar ideas desafiantes al pensamiento dominante es hoy algo complicado en algunos países del mundo. Si uno discrepa o, simplemente, no concuerda con lo que la mayoría defiende, suele ser cancelado. Esto no es exclusivo de nuestros tiempos. La tentación de imponer una manera de ver las cosas no es nueva. No importa quién gobierne, progresistas o conservadores; da lo mismo. Tampoco si se es gobierno u oposición. La grieta está en todos lados. La política se plantea en términos de blanco o negro. Se simplifica artificialmente en polos. No existen grises ni matices. Se da en clave de amigo-enemigo, construyendo identidades radicales sobre la base de mitos, que diferencian identitariamente y polarizan.

Desde el ejercicio del poder, los seguidores e incluso las granjas de bots en redes sociales se silencia a quienes no concuerdan con una visión, deslegitimando su derecho a disentir, quitando la posibilidad de intercambiar ideas o de dialogar y de usar la palabra como herramienta de convivencia. Esto ocurre como si la convivencia democrática pudiera construirse sólo desde una única mirada, ideología o liderazgo; como si las mayorías, ‘per se’, siempre tuvieran razón y fueran las únicas garantes de los derechos. Es como si se esperara que todos y todas pensáramos lo mismo. Como si la democracia fuera la reproducción de una única voz: sea la de unas minorías ilustradas que creen que nunca se equivocan o, por el contrario, las de unas mayorías electorales que piensan que, al ser quienes tienen más apoyos, deben imponer su visión a los demás.

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En medio de tanto ruido, muchos creen que determinados estilos de liderazgo (reniego de ponerles adjetivos) son los que más azuzan el clima político. Desde el atril, resulta más sencillo poner la agenda, reaccionar, criticar, simplificar, diferenciar y estigmatizar a quienes piensan distinto. Algunos líderes están convencidos de que, al ganar las elecciones, la ciudadanía les ha dado un cheque en blanco para gobernar sólo para las mayorías y hacen de su discurso político una fuente de diferenciación identitaria, para distanciarse de los políticos que han gobernado hasta ese momento (con justa razón) y erigirse como única alternativa a los actores tradicionales (ahí no lo tengo tan claro). El triunfo de estos proyectos, que tienden a ser hegemónicos, hace que unos se sientan legitimados de manera excluyente a llevar adelante sus propuestas mientras que los otros no saben o no encuentran espacios desde donde hacer una oposición constructiva, basada en programas e ideas, que suponga contrapesos a la visión dominante.

Mi punto es que estos líderes no están solos; junto a ellos hay ciudadanos y ciudadanas. No son masas amorfas, irracionales y, mucho menos, poco instruidas. Son individuos convencidos de que ese liderazgo es la única opción posible para impulsar los cambios que creen que necesitan para sentirse parte de la comunidad política, aun cuando la manera de hacer política de estos líderes (con la aprobación de sus seguidores) tensione el funcionamiento pluralista de la democracia, el Estado de derecho y las instituciones. Es una elección, basada en motivaciones emocionales, pero también en evaluaciones de coste-beneficio. La democracia liberal no les ha hecho sentirse parte y están buscando otra manera de resolver sus problemas cotidianos. Los otros, cuando pudieron hacerlo, tampoco les prestaron atención; ni siquiera les miraron.

Eligen la representación delegada antes que la democracia pluralista, incluso si eso supone dejar de ser ciudadanos. Prefieren ser parte de la cancelación y la intolerancia más que del diálogo y la deliberación. En algunos países, la situación es tan grave que la grieta divide de manera catastrófica a familias, amistades o vínculos profesionales, quienes han decidido no hablar más de política porque saben que tienen puntos de vista adversos, que parecen irreconciliables, y prefieren continuar cultivando su relación personal antes que intercambiar ideas. La ausencia de la voz privada y pública de las personas es un problema de las democracias y erosiona la convivencia, porque es imposible construir colectivamente sin reconocimiento mutuo, sin diálogo y sin paz.

No importa desde dónde leas esto. Parece una constante en diferentes contextos. El éxito de los gobiernos que pretenden defender los derechos de esas mayorías electorales no es real si las minorías (o una parte de la población) se sienten amenazadas. América Latina, Europa e incluso Estados Unidos nos lo han enseñado. Vivir con miedo no puede ser una opción. No hay proyecto común viable cuando se excluye a una parte de la comunidad, sea cual sea la excusa para hacerlo (sus ideas, sus ingresos o sus orígenes). De ahí que lo que se está discutiendo no es un sólo programa de gobierno o la posibilidad de gobernabilidad democrática, sino un proyecto colectivo de convivencia común. Está claro que lo que teníamos hasta ahora (democracias procedimentales) resulta insuficiente, pero sea lo que sea que construyamos hacia el futuro, debería acordarse la necesidad de respetar el derecho a estar en desacuerdo como base fundamental de la convivencia pacífica.

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