Deuda externa: cuando lo apremiante parece imposible

América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones más golpeadas por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus; no sólo por los efectos de la misma, que desembocaron en una crisis social y económica de gran magnitud, sino también porque la región ya venía exhibiendo desde hace años un agotamiento en su modelo de desarrollo y una trayectoria negativa en diversos indicadores de desarrollo y cohesión social.

En términos comparados, en el segundo semestre de 2020 se observó una caída del crecimiento económico del 7,4%, menor a la esperada inicialmente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, para este año, estima una contracción adicional del 4,1%. Ambos porcentajes son inferiores a las proyecciones para el resto del mundo.

Esta crisis ha colocado en la agenda pública de los países la necesidad de implementar paquetes de ayudas para su población, utilizando como herramienta primordial la ampliación del gasto público para mitigar los efectos de las restricciones de circulación y actividad económica. Estos esfuerzos han representado montantes superiores al 5% del PIB, eliminando como opción de política fiscal el viejo dogma de la austeridad por los daños sociales y económicos que acarrearía. Sin embargo, los países en la región han afrontado la pandemia con espacios fiscales ya reducidos, lo que ha tenido como consecuencia un incremento de las tasas de endeudamiento. En 2020, aumentó la financiación mediante emisiones de deuda en los mercados internacionales, tanto de gobiernos como empresas e individuos. El FMI ha estimado que la deuda pública mundial llegó a un 98% del PIB a finales del año pasado.

El Instituto de Finanzas Internacionales estadounidense señala que en 2020 América Latina emitió bonos de deuda gubernamental y corporativa por un valor cercano a los 157.000 millones de dólares en mercados internacionales. Y el FMI ha cifrado el incremento de la deuda pública de la región en una horquilla que va del 69% al 81% entre 2019 y 2020.

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Es fundamental que consideremos la diversidad de realidades en América Latina, y tengamos en cuenta que en cada país la recuperación y el endeudamiento han tenido distintas velocidades. Por ejemplo, se estima que la deuda pública de Brasil haya alcanzado el año pasado la mayor tasa con respecto al PIB (alrededor del 101,4%), seguido de Argentina, con un 90,4%. La distribución ha sido dispar: hay países en los que supera el 60%, en datos aproximados, como Colombia (68%), México (66%) y Ecuador, que ya  venían previamente de niveles superiores al 50%; mientras que otros se mueven por debajo del 40%, como Perú (39%) y Chile (33%). En cualquier caso, en todos la deuda ha aumentado, como consecuencia de la pandemia y del hecho de que, en su mayoría, está denominada en dólares.

También hay que señalar que las condiciones, previas y estructurales, de cada país para afrontar la deuda han sido diferentes y, además, las decisiones tomadas han ido fluctuando. El caso de Colombia, que cuenta con reservas internacionales, la reciente negociación de Ecuador con el FMI para un programa de ayuda económica, el debate sobre el endeudamiento y las medidas fiscales en México o el destacado proceso de vacunación seguido Chile, conducen a pensar que habrá estrategias y previsiones distintas.

Las instituciones multilaterales han ampliado su apoyo financiero. El FMI desembolsó el año pasado 66.000 millones de dólares a 21 países de la región, lo que equivale a las dos terceras partes del apoyo de liquidez recibido. De esta forma, el Fondo ha duplicado los límites para acceder a la financiación de emergencia, que otorga a través del Servicio de Crédito Rápido y del Instrumento de Financiamiento Rápido. Además, ha proporcionado líneas de crédito flexible a cuatro países latinoamericanos; por ejemplo, a Colombia, por un importe de 10.800 millones de dólares, y de 23.800 y 11.000 millones a Chile y Perú, respectivamente.

En la misma dirección, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció para 2021 financiación por 1.000 millones de dólares para apoyar a los países de América Latina y el Caribe en la adquisición y distribución de vacunas contra la Covid-19, que se complementan con los 1.200 millones de dólares de recursos otorgados el año anterior. Sus fondos tendrán como objetivo salvar vidas mediante medidas de salud pública como pruebas y rastreos más efectivos y una mejor gestión clínica de los pacientes.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el BID ha aumentado extraordinariamente sus fondos de apoyo con líneas de crédito de emergencia. Por su parte, el  Banco Centroamericano de Integración Económica ha destinado 2.400 millones de dólares al fortalecimiento de la economía regional, y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha otorgado una Línea de Crédito Contingente Regional de Apoyo Anticíclico para la Emergencia generada por la Covid-19 de hasta 2.500 millones.

La incertidumbre es aún el mayor fantasma en todo el proceso de recuperación y, especial, en la generación de endeudamiento, ante la necesidad evidente de seguir incrementando el gasto fiscal para apoyar a la población. 

Para superar la crisis, son cruciales la capacidad y velocidad con la que los países de la región logren vacunar a sus ciudadanos. La situación está marcada por los extremos, lo que ha hecho necesario un mayor esfuerzo de los hacedores de política pública para avanzar en el proceso: desde Chile, que lleva un buen ritmo y que, gracias a un mercado de capitales relativamente robusto ha podido recibir más fondos del resto del mundo, además de los propios, hasta países envueltos en episodios de corrupción en el proceso de vacunación. 

Por otro lado, la fuerte caída en los ingresos tributarios como consecuencia de la parálisis de la actividad económica también ha impactado en las posibilidades de sostener los apoyos. En América Latina y el Caribe, el nivel de recaudación tributaria es del 23%, significativamente menor a los de los países OCDE, cercanos al 35%. Éste es uno de los grandes debates en algunos países de la región; como en Chile, a la luz de la nueva Constitución. 

Actualmente, lo más apremiante es mitigar la crisis sanitaria y, con ello, sus impactos sociales y económicos. Sin embargo, hay riesgos en el horizonte, como el que plantea la OCDE de una eventual crisis de deuda soberana este mismo año ante el abrupto aumento del endeudamiento. El Banco Mundial ha señalado que algunos países no están hoy en condiciones de pagar el servicio de su deuda o tienen ya un acceso muy limitado a la financiación; en particular los países de bajos ingresos. Esta situación podría complicarse aún más si suben los tipos de interés, se deprecian los tipos de cambio o se eleva el rendimiento de los bonos estadounidenses. El encarecimiento de los préstamos, así como la disminución de los flujos financieros o la posibilidad de renovar los financiamientos constituirían un verdadero peligro para las economías de la región. 

A la apremiante necesidad de financiamiento para paliar la crisis, ya sea local o internacional, se le suman en la región problemáticas económicas, sociales y políticas, tanto coyunturales como estructurales. Por poner varios ejemplos: las profundas inequidades; un empeoramiento de los niveles de pobreza; los efectos de una mayor migración y las remesas, en particular en Centroamérica y México; años electorales, como en el caso de Ecuador, donde se ha cuestionado qué sucederá con las líneas de crédito del FMI, o el proceso constitucional en Chile; la crisis política en Perú y Brasil. A nivel regional, existen algunas propuestas como la Centroamérica o, a nivel mundial, la creación del Fondo para Aliviar la Economía Covid-19 que funcione como un mecanismo de solidaridad internacional ante la recesión económica. 

En conclusión, hoy más que nunca los países precisan una adecuada coordinación a nivel internacional para la senda de la deuda pública, una mayor cooperación entre países y mayor apoyo de los bancos públicos de desarrollo. Ante este ejemplo de fenómeno global que es la pandemia, la solidaridad debiera potenciarse; en especial, en una región como América Latina y el Caribe que no sólo ha fracasado en sus intentos de integración sino, también, de cooperación y desarrollo. Si bien ya exhibía antes de la pandemia un modelo de desarrollo agotado, la triple sanitaria, económica y social hace inaplazable repensarlo.

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