Derechos de propiedad intelectual, vacunas y una innovación más sostenible y justa

La decisión de la Administración Biden de abrirse a negociar la propuesta de exención temporal de ciertas partes del Acuerdo Adpic (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), ha vuelto a lanzar el debate sobre el papel de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPIs) como incentivo para la innovación farmacéutica y su papel como barrera al acceso de medicamentos y vacunas en países de todo el mundo.

Desde el anuncio de la representante de Comercio estadounidense, se ha hablado sobre si el apoyo norteamericano al levantamiento de los DPI iba a suponer el fin de la innovación farmacéutica, si iba a solucionar o no los problemas de acceso a las vacunas en el corto plazo o sobre la falta de incentivos para desarrollar vacunas para nuevas pandemias si levantamos las patentes.

Sin embargo, que no cundan ni el pánico ni la euforia. El comunicado estadounidense establece algunas líneas rojas que avisan de los posibles puntos de desencuentro durante las negociaciones, como la mención a la exención exclusivamente para vacunas y no para la “prevención, contención o tratamiento de la Covid-19”, como dice el texto original propuesto por Sudáfrica e India; o el aviso sobre la complejidad de las negociaciones, cuyos resultados son tradicionalmente tomados por consenso (si bien la exención puede ser aprobada por una mayoría de tres cuartos).

Por tanto, ni la decisión del Gobierno estadounidense puede ser tomada como un primer paso a la abolición de los Acuerdos Adpic ni supondrá una mejora inmediata en el acceso a las vacunas para la Covid-19, ya que las negociaciones dan comienzo ahora. Sin embargo, sí que podemos aprovechar el momento para plantearnos algunas preguntas sobre el papel de los DPI en el acceso a las vacunas y, más en general, su papel en el sector farmacéutico y su impacto sobre la economía, la ciencia y la salud global.

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Los Derechos de Propiedad Intelectual (generalmente ejemplificados por las patentes) han sido clasificados como barreras al acceso por distintos motivos. El principal, el monopolio que el Estado crea mediante las patentes permite que el titular de las mismas pueda elevar los precios tanto como el comprador pueda aguantar. Dado que los medicamentos son bienes esenciales, los sistemas sanitarios generalmente están dispuestos a pagar precios mucho más elevados que los que establecería un sistema con competidores.

Otro motivo, quizás más relevante en la situación actual, es que los DPIs han supuesto una barrera (no la única) a la creación y expansión de capacidad de producción, ya que el establecimiento de muros de patentes, secretos comerciales o diseños industriales impide la replicación de procesos de fabricación sin el consentimiento del titular. Por ejemplo, la farmacéutica canadiense Biolyse, con capacidad de producción de vacunas para la Covid-19 ha intentado (con poco éxito) recibir la licencia para fabricar la vacuna de Janssen utilizando el conocimiento protegido por derechos de propiedad intelectual. La compañía no refiere la falta de materias primas como la barrera a comenzar la producción, sino la incapacidad de navegar en torno a las protecciones legales que tiene la producción de la vacuna.

En ocasiones, se ha señalado la falta de materias primas como el verdadero factor limitante para escalar la producción, no la propiedad intelectual. Sin embargo, parece obviarse que la fabricación de las materias primas utilizadas en la fabricación de vacunas para la Covid-19 también se encuentra protegida por Derechos de Propiedad Intelectual. Éste es el caso de la producción de los lípidos necesarios para crear las partículas en las que se encapsula el ARN mensajero (ARNm) de las vacunas de Moderna. Estos lípidos son un elemento limitante de la producción porque, al encontrarse protegida por patentes, la producción no puede expandirse sin permiso del titular (ver aquí, aquí y aquí).

El levantamiento de las patentes, sin embargo, no tiene por qué implicar necesariamente un incremento inmediato de la capacidad de producción, ya que permitir utilizar el libro de recetas (levantar las patentes) puede no servir si no tienes acceso a los útiles de cocina, los ingredientes, y si no tienes el conocimiento de cómo utilizarlos (si no se realiza la transferencia del conocimiento y la tecnología necesarias para fabricar). Éste parece ser el caso de Moderna, que en 2020 comunicó que no ejercería el derecho de exclusividad sobre sus patentes, permitiendo teóricamente que cualquier fabricante capacitado pudiera fabricar su vacuna. ¿Entonces por qué no ha pasado esto? Porque sin transferencia de tecnología entre la compañía y cualquier interesado, la información que recogen las patentes no es suficiente para la fabricación de su vacuna. La propia Moderna realizó esta transferencia con la farmacéutica suiza Lonza, estableciendo un periodo de un mes para comenzar la fabricación de vacunas. Otros medios hablan de un tiempo estimado de seis meses para realizar la transferencia tecnológica.

La falta de datos sobre la capacidad real de producción o comercialización de dosis (sorpresa: son secretos comerciales protegidos por la legislación de propiedad intelectual) parece abocar el debate a una serie de argumentos apriorísticos y ejemplos sobre cuál es el “verdadero factor limitante de la producción”; como si no hubiéramos recibido suficientes lecciones sobre multi-causalidad en el último año.

Sin embargo, la perspectiva histórica y la relación entre la protección de la Propiedad Intelectual y los resultados ofrecidos por otras iniciativas durante el último año, nos puede ayudar a comprender lo necesario de levantar los DPI en este momento. Es decir: si la Propiedad Intelectual ha sido una barrera al acceso en el pasado y si tras más de un año proponiendo distintas soluciones para aumentar la capacidad de producción sin tocar los DPI, seguimos sin saber cuántas dosis se fabrican o sin saber cuáles son los cuellos de botella para la fabricación, quizás merezca la pena valorar un instrumento legal como la exención de los DPI para arrojar algo de luz.

Los derechos como incentivo a la innovación farmacéutica

En su libro ‘The Code of Capital: how the Law creates wealth and inequality’, la profesora de la Universidad de Columbia Katharina Pistor introduce la idea de que los periodos históricos de grandes acumulaciones de capital y desigualdad económica pueden ser explicados de manera fundamental mediante dos objetos: un activo (literalmente cualquier cosa, desde terreno cultivable o edificable, una idea o nuestros genes) y un código legal que permite la explotación comercial prioritaria y dilatada (geográfica y temporalmente) del activo por parte de unos sobre otros.

Pistor trata los derechos de propiedad intelectual en su libro como un ejemplo más en el que un activo (en este caso, el conocimiento científico) es tratado mediante códigos legales (los DPI) para generar procesos extractivos de riqueza, incrementando las desigualdades entre regiones e individuos, de un modo similar al utilizado por los colonos europeos, los gremios de artesanos o los terratenientes.

Otra investigadora, Mariana Mazzucato, expone cómo la mala utilización de los DPI ha acabado funcionando como un mecanismo por el que las grandes compañías farmacéuticas extraen el valor generado por la acumulación de conocimiento por parte del resto de los actores que forman parte del sistema de innovación, como universidades o centros públicos y privados de investigación, compañías biotecnológicas pequeñas y, por supuesto, sistemas sanitarios y pacientes. La protección de aspectos demasiado amplios y fundamentales del proceso científico amputa partes esenciales de éste, como son la colaboración y el intercambio de conocimiento, expulsando a la competencia del terreno en el que se investiga y lastrando la innovación en favor de la financiarización de la industria (ver aquí, aquí y aquí).

Ante esto, cabe preguntarse por el rol del sector público al promover una política de protección de la propiedad intelectual demasiado amplia y laxa, que no valora el coste de los monopolios sobre la salud pública, la economía o la innovación, que en ciertas áreas terapéuticas no ofrece incentivo a la investigación y que es utilizado por grandes multinacionales como elemento de especulación y acumulación de riqueza. ¿Es el tipo de política pública que debe incentivar la innovación farmacéutica y el crecimiento sostenible? ¿Podemos optar por otras políticas de innovación y de protección de la propiedad intelectual más sostenibles y que dirijan la innovación a afrontar los retos sociales que afronta la humanidad?

El debate sobre la idoneidad del levantamiento de los DPIs, y su impacto en el acceso a las vacunas para la Covid-19 y en la innovación farmacéutica, no puede separarse de las consecuencias que la protección de la propiedad intelectual ha tenido sobre el incremento de las desigualdades económicas y en salud en el pasado.

El levantamiento de ciertos derechos de propiedad intelectual es una herramienta legal contemplada por la legislación internacional, y si su aplicación puede ayudar a incrementar la capacidad de fabricación de productos farmacéuticos para acabar con esta pandemia de una manera más justa y equitativa, debe explorarse junto con el resto de las herramientas políticas orientadas a mejorar el acceso. Como dice el director general de la Organización Mundial de la Salud, no debe dejarse ninguna piedra sin levantar.

De una manera más general, cada vez se hace más necesario evaluar los resultados de la actual manera de aplicar los derechos de propiedad intelectual. Incluso si más patentes equivalieran a más innovación, los costes sociales asociados a los DPI deben tenerse en cuenta para evaluar la efectividad de este incentivo. Si el fin de la innovación es el progreso de la sociedad, no podemos permitirnos que las políticas públicas dedicadas a incentivar la innovación sirvan a objetivos opuestos a éste.

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