‘Déjà vu’ en Karlsruhe

Apenas 10 meses después de su fallo en el caso Weiss, el Tribunal Constitucional Federal alemán (TC) ha vuelto a paralizar la respuesta europea frente a la crisis económica derivada de la pandemia. En una breve nota de prensa emitida en la tarde del viernes, el tribunal admitió a trámite un recurso contra la llamada Decisión de recursos propios –el acto jurídico que establece los ingresos de la Unión Europea–, y ordenó al presidente federal Frank-Walter Steinmeier que se abstuviera de firmar la ley.  

La orden del Tribunal supone una nueva zancadilla para la aprobación del Fondo de recuperación europeo, el cual requiere el visto bueno de los 27 parlamentos nacionales. En el caso alemán, la Decisión había sido aprobado por el Bundestag, donde obtuvo el 75% de los votos, y había recibido el visto bueno del Bundesrat (la Cámara Alta) esta misma semana. Su aprobación quedaba pendiente de la firma del presidente federal, aparentemente un mero trámite. Bruselas, que ya había obtenido el visto bueno de 16 parlamentos, incluido el español, esperaba finalizar este trámite entre abril y mayo. Tras la orden del viernes, queda en suspenso no sólo la firma de Steinmeier, sino la tramitación del Fondo en sí: el Tribunal no da plazos concretos, pero la prensa alemana ha apuntado que la decisión puede tardar hasta tres meses; es decir, hasta finales de junio. Si decidiese presentar una cuestión prejudicial ante al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el plazo se alargaría aún más.

El contexto político

Pese a que el Tribunal no ha dado a conocer la identidad de los demandantes, resulta fácil prever quién se esconde detrás del recurso. Se trata de la denominada Alianza Voluntad Ciudadana, un grupo de presión tras el cual se esconde el fundador de la AfD Bernd Lucke, y el cual se autodenomina defensor del «cumplimiento» de los tratados europeos, de la «prudencia económica» y de la «responsabilidad fiscal». En su página web, alerta del peligro de una unión fiscal (Schuldenunion) europea, del riesgo que el Fondo de Recuperación puede suponer para los ahorradores alemanes, y de la vulneración de los tratados por parte de las instituciones comunitarias. Fue la propia Alianza, de hecho, la que recurrió el programa de compra de deuda soberana (Public Sector Asset Purchase Programme, PSPP), desencadenando la sentencia en el caso Weiss el pasado mes de mayo. 

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La retórica de la Alianza no es nueva –representa, de hecho, la ortodoxia alemana a lo largo de la crisis del euro, defendida con uñas y dientes por Angela Merkel y por su ministro de Finanzas, el ahora presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble. De dicha ortodoxia, alentada por una Bild Zeitung que llegó a pedir a los «griegos arruinados» que «vendiesen sus islas» para afrontar su deuda, surgió la Alternativa por Alemania (AfD), que se presentó a las elecciones europeas de 2014 con la promesa de echar a Grecia, España e Italia del euro. Siete años después, y pese a que el consenso político ha cambiado y la AfD ha alcanzado un techo electoral de entorno al 10%, la Alianza de Lucke prosigue en su campaña frente a la integración monetaria. Con las medidas cautelares del TC, puede haberse cobrado una nueva víctima.

Las posibles consecuencias

Lo más llamativo de la nueva orden de Karlsruhe quizás sea su previsibilidad. Hace un año, tras la publicación de la sentencia en Weiss, el tribunal recibió tres críticas principales: el tono de la sentencia, la rigidez dogmática de su ordoliberalismo y su indiferencia hacia el contexto político en el cual se encontraba Europa – en plena primera ola de la pandemia, y tras el anuncio de que el BCE intervendría para atajar la crisis que se avecinaba. Weiss desencadenó una reacción sin precedentes en la historia de la UE, con sendos comunicados por parte del TJUE y de la Comisión e intervenciones públicas, por parte de miembros del TC, para explicar el porqué de su decisión. Según muchos analistas, fue precisamente fallo de Karlsruhe lo que convenció a Merkel de la necesidad de un acuerdo político que facilitase una respuesta conjunta a la crisis.  

A falta de la publicación de la sentencia, el tono y el contexto de las medidas cautelares despiertan una sensación de déjà vu: el anuncio, que cuestiona la legalidad del Fondo, llega en medio de la campaña de vacunación y tras una nueva ola de la pandemia que ha afectado especialmente a Alemania. Pese a la trascendencia política, económica y anímica del Fondo de Recuperación, el Tribunal sigue empeñado en ver los árboles, y se escuda en cuestiones aparentemente técnicas –como la proporcionalidad de las decisiones de las instituciones comunitarias o los límites de los artículos de los tratados– para ignorar por completo el bosque. Detrás de este formalismo jurídico, sin embargo, se esconde una férrea defensa de los pilares del ordoliberalismo que subyace al Tratado de Maastricht: la separación entre política fiscal y monetaria, la independencia política del BCE o la supuesta imposibilidad (e inmoralidad) de emitir deuda común. No deja de ser irónica, de hecho, la contradicción en la que incurre el Tribunal: escudarse en los tratados europeos para imponer su propia Weltanschauung, mientras acusa a las instituciones comunitarias de hacer lo propio. 

De victoria en victoria hasta la derrota final

Independientemente del contenido de la sentencia, las medidas cautelares del pasado viernes ponen de relieve dos problemas de difícil resolución para la Unión. Por una parte, que la erosión de sus valores fundamentales no es cosa de unos pocos estados: bajo el pretexto de proteger su ‘identidad nacional’, el TC vuelve a poner palos en las ruedas de la integración económica, autoproclamándose el auténtico guardián de los tratados y desbancando al TJUE como único intérprete del Derecho Comunitario. Con cada intervención soberanista de Karlsruhe, el principio de cooperación leal, fundamental para asegurar el funcionamiento del frágil orden jurídico comunitario, queda más en entredicho. En una década en la que la Unión sufre una crisis de legitimidad cada vez más aguda, y ante la necesidad de obtener resultados tangibles que poder vender a sus ciudadanos, el bloqueo permanente a cualquier avance en la integración económica no es menos peligroso que la deriva autoritaria polaca o húngara. 

Por otra parte, Karlsruhe vuelve a dejar en evidencia los límites de los mecanismos legales de las instituciones europeas. Hasta el momento, y pese a su feroz retórica, sus (numerosos) avisos nunca han pasado del órdago. Sin embargo, con cada fallo del TC se plantean las mismas preguntas: ¿qué pasará el día en que el Tribunal vaya más allá, negándose a acatar un acto jurídico comunitario? ¿Responderán las instituciones con la misma contundencia que utilizan frente a Hungría o Polonia, u otorgarán a Alemania un trato privilegiado? 

Aún es pronto para apreciar el alcance de la decisión: la Comisión se ha mostrado «convencida» de la «legalidad» del Fondo, y nada impide que se desestime el recurso, y que su único impacto sea un retraso de unas semanas. Sin embargo, la orden del viernes vuelve a dejar en evidencia la piromanía del Tribunal Constitucional alemán, una institución que se percibe como la única guardiana de los tratados, y que es capaz de llevar su dogmatismo económico hasta sus últimas consecuencias. Urge una profunda reflexión, tanto en Bruselas como en Berlín, sobre el papel de Karlsruhe en la integración europea: una Unión Europea geopolítica, que desee agilizar su toma de decisiones para convertirse en una potencia mundial, no puede estar a merced, año tras año, de la Alianza Voluntad Ciudadana.

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