¿Cisma feminista en el Gobierno?

España es un caso ejemplar, aunque a ratos particular, del progreso de las mujeres en el espacio del poder político. Siendo, como en otros aspectos, uno de los países que tardó en incorporarse a la ola de feminización de la política en los años 1970s, en los últimos tiempos se ha convertido en un referente de las democracias que han logrado reducir las barreras al acceso de las mujeres a los puestos de poder; especialmente en el Gobierno.

Aunque el PSOE ha sido un motor decisivo en la permeabilización del Poder Ejecutivo, el dato importante que ha facilitado la consolidación de la presencia de ministras es que, poco a poco, izquierda y derecha han contribuido a ir elevando el suelo de cemento (concrete floor) del que hablaban Claire Annesley, Karen Beckwith y Susan Franceschet en su imprescindible ‘Cabinets, Ministers, & Gender’

Con ello se referían al nivel mínimo de mujeres que, Gobierno a Gobierno, va imponiéndose como presencia legítima mínima y que no sería aceptable rebajar. Ese umbral es ya del 50% para la izquierda, mientras que para el Partido Popular sería del 35%, aunque en muchas autonomías PP y Ciudadanos ya han alcanzado también la representación equilibrada, por encima del 40%. Solamente Madrid y Castilla y León se resisten a fijar ese suelo, a pesar de haberlo rebasado en legislaturas anteriores.

No se trata sólo de cuánto, también de dónde. El prejuicio que favorecía el nombramiento de mujeres en departamentos de ‘materias femeninas’ se ha desvanecido. Tras la generalización del acceso de ministras a cualquier Departamento, hoy sólo la cartera de Interior persiste cerrada aún a las mujeres; aunque, en este caso, ese cierre tenga últimamente más que ver con situaciones particulares consideradas por los presidentes que con un sesgo implícito de género. Ya no quedan, al menos en el nivel del Consejo de Ministros, carteras de hombres. La gestión de Elena Salgado o Nadia Calviño en Economía, de Fátima Báñez o Yolanda Díaz en Trabajo, de Carmen Chacón, María Dolores de Cospedal o Margarita Robles en Defensa, o de Ana de Palacio o de Arancha González Laya (por señalar algunos ejemplos) han acabado por desmontar los prejuicios de género sobre ministerios masculinos y femeninos

Ciertamente, la Jefatura del Gobierno sigue estando sólo en manos de varones, como sucede también con la Presidencia en 10 comunidades autónomas; pero es cuestión de tiempo. De hecho, si hoy no hay una presidenta del Gobierno en el cargo o esperando al frente de la oposición no es ya por un mero sesgo de género, sino más bien porque las mujeres que podían haberlo sido recientemente se rodearon de demasiados hombres maduros con olor a establishment (como Susana Díaz) o porque sucumbieron a la lucha fratricida entre mujeres (Soraya Sáez de Santamaría y Cospedal). Sin embargo, no hace falta mucha imaginación para intuir una alta probabilidad de que los próximos recambios de liderazgo de partido en PSOE, PP y Podemos sean mujeres.

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Este protagonismo femenino irreversible en el Consejo de Ministros se reflejó en una mayor duración en el Ejecutivo (las mujeres nombradas desde 2004, cuando se alcanzó por primera vez la paridad, hasta enero de 2021 duraron 30 meses en cada puesto, unos tres meses de promedio más que los hombres), y en una ligera mayor propensión a ser nombradas de nuevo que sus colegas varones.

Es cierto que este retrato requiere matices. De entrada, la paridad ministerial sigue sin filtrarse a los altos cargos de los ministerios, entre otras razones porque las ministras no suelen nombrar a más mujeres en altos cargos que los ministros, de la misma forma que las presidentas autonómicas no forman ejecutivos necesariamente con más mujeres. Pero, como señala Bonnie Feld en su último artículo, también ése es un obstáculo que se diluye cuando el presidente del Gobierno lanza un mensaje claro al respecto.

Además, las mujeres requieren mayor dedicación a la actividad política o profesional para poder acceder a la cúspide del poder. Y deben hacerlo antes: las ministras son nombradas seis años más jóvenes de promedio que sus colegas varones. Y cuando consiguen ser ministras, lo hacen con mayor frecuencia solteras o divorciadas que los ministros (+13 y +7 puntos de diferencia), mientras que los ministros suelen estar casados cuando llegan al Gobierno (el 81% de ellos, +20 puntos de diferencia respecto a las mujeres). En coherencia con esto, las ministras tienen menos hijos que los ministros al empezar su mandato (1,2 frente los dos hijos de media de ellos). Es decir, las mujeres que decidan casarse, crear una familia y labrar una carrera profesional más o menos extensa perderán muchas más opciones que los hombres de convertirse en ministras del Gobierno de su país.

Además, a menudo no siguen la misma trayectoria profesional. Las mujeres tienen más probabilidades de acceder al Ejecutivo en calidad de especialistas del partido en la materia (+11 puntos que los hombres) o, al contrario, como independientes sin mucho expertise (+9 puntos). En cambio, cuando se trata de ministros con un perfil tecnocrático (expertos en el tema sin adscripción de partido), éstos tenderán a ser hombres (+20 puntos de diferencia).

De hecho, en comparación con los hombres, las mujeres tienden a aportar un perfil menos experto a sus ministerios (-8 puntos) y con mayor vinculación al partido (+10 puntos). Así se refleja que muchas ministras hayan tenido que haber realizado una carrera política aparte de acumular cierto conocimiento en las materias del Departamento al que serán asignadas. En parte es el resultado de que las ministras sean menos frecuentemente funcionarias de carrera que los ministros (-15 puntos de diferencia), especialmente en cuerpos técnicos y jurídicos de la Administración.

En buena medida, estos rasgos del reclutamiento de ministras en comparación con los varones del Ejecutivo pone en evidencia una lógica significativa: las mujeres que gobiernan España son más una vanguardia de lo que debiera ocurrir en el mundo de dirección privado que un mero reflejo suyo; a diferencia de los países escandinavos, en los que la paridad de género gubernamental es una consecuencia ilustrativa del papel de la mujer fuera de la política.

Y con ello se apunta un factor determinante del progreso de la mujer en los gobiernos en España: el éxito del proselitismo y de la presión realizados por el movimiento feminista en los partidos políticos, y muy en particular en el PSOE. De hecho, fue el PSC de Raimon Obiols y Anna Balletbó el primer partido relevante en España que adoptó en 1982 una cuota de representación femenina en los órganos de dirección. Esto arrastraría al PSOE, seis años más tarde, a seguir el mismo camino, fruto de la presión interna realizada por Carlota Bustelo, Matilde Fernández y tantas otras. 

Antes de llegar al Gobierno, las implicaciones de estos cambios tendrían pronto repercusiones en el PP. A pesar de que no fraguó la apuesta de Manuel Fraga por encumbrar a Isabel Tocino al frente de un partido por refundar, Aznar no dejó de favorecer el auge de una nueva generación de políticas centristas y conservadoras, quienes años después marcarían la presencia femenina de sus gobiernos. (Esperanza Aguirre, Celia Villalobos, Ana Pastor, las hermanas Palacio…).

Sin embargo, toda esta larga evolución mantuvo una pauta común constante en los gobiernos del PSOE: aunque la mayoría de ministras no podían ser consideradas estrictamente feministas, la presencia de mujeres siempre fue de la mano de la presencia de feministas. Así Matilde Fernández, Cristina Alberdi, Carme Alborch, Chacón, María Teresa Fernández de la Vega o Carmen Calvo irían marcando el rumbo de la posición gubernamental respecto a los temas de género, con el beneplácito de Zapatero, Sánchez y (mucho menos entusiasta) González. 

No obstante, el Gobierno de coalición con Podemos ha traído una importante novedad que convierte, además, a España en un ejemplo controvertido: este Ejecutivo, si bien ha consagrado la paridad en el Consejo de Ministros, también ha abierto la puerta a la expresión del pluralismo interno del movimiento feminista en los cargos ministeriales y en su agenda legislativa, con importantes implicaciones tanto para el feminismo como para el propio Gobierno.

Ya antes de cerrar el acuerdo, quedó claro que a la natural fricción entre partidos a la hora de ajustar las fronteras de la repartición de los ministerios y de sus áreas iba a añadirse la competición por la representación de la causa feminista. Quizá el disenso potencial que esto podía acarrear quedó encubierto tras el mito de la unidad propio de los movimientos sociales. Al igual que podemos constatar a menudo en el caso del independentismo catalán, el feminismo representado en el Ejecutivo iba a verse pronto atenazado entre las llamadas externas a la unidad de acción y el choque de valores e intereses que se cuece en su interior.

Desde entonces, el roce entre la Vicepresidencia y el Ministerio de Igualdad resultaría inevitable y constante. A la vicepresidenta Calvo le ha correspondido la coordinación de los temas de Gobierno y de su agenda legislativa, mientras que Irene Montero ha venido capitalizando el discurso y la representación del feminismo dentro y fuera de España, aparte de dirigir el importante Instituto de las Mujeres. 

He ahí el cambio sustancial: hasta ahora dos ministras solían constituir una minoría feminista influyente en la acción del Ejecutivo; en cambio, ahora dos feministas (de partidos opuestos) han pasado a constituir una lucha faccional en toda regla en el Gobierno. Este tipo de disputas internas en los ejecutivos se dilucidan en dos ámbitos preferentemente: el de las políticas impulsadas y el de los cargos promovidos en otras instituciones.  

La disputa en torno a las iniciativas políticas tardaría poco en llegar. El anteproyecto de la denominada ‘Ley Trans’ ha puesto sobre la mesa del Consejo las fracturas del movimiento feminista. Por un lado, hay una lógica de partido por mantener la representación de la causa, en un contexto en el que el PSOE ha logrado representar en mayor medida el voto de las mujeres respecto a Podemos. No obstante, la fractura de partido no puede ocultar una fractura, si cabe mayor, de tipo generacional, en la que se recogen valores y definiciones distintos de la perspectiva del mundo. Esta segunda fractura recorre, de forma desigual, tanto el interior del PSOE como de Podemos e IU.

¿Demasiadas fracturas para alcanzar un punto de equilibrio que no erosione la cohesión del Ejecutivo? No hay que exagerar: no estamos, desde luego, ante un nivel de división como el de los gobiernos de la Unión de Centro Democrático. Pero hay un elemento inédito en estos enfrentamientos intra-gubernamentales. Mientras que las disputas faccionales en los ministerios tienen mucho que ver con la asignación de recursos materiales y con la orientación de la política económica, con un punto intermedio de acuerdo viable, la disputa entre facciones feministas plantea el disenso en torno a una cuestión de identidad, menos fácilmente mesurable. Y, consecuentemente, el acuerdo puede resultar en la derrota de una de las dos posiciones, pero también de los grupos que las sostienen.

Y esto nos lleva a la segunda disputa interna en torno a la promoción de cargos en otras instituciones, que paradójicamente puede contribuir al acuerdo. A través de estos cargos, las facciones opuestas del feminismo no sólo podrían proyectar la defensa de la orientación de género a la que se comprometió el pacto de acuerdo entre PSOE y Podemos; también pueden favorecer una posición de ventaja para mantener la influencia sobre la agenda política más allá del Consejo de Ministros. Esto será especialmente decisivo en el caso, bastante plausible, de que la oposición (y particularmente Vox) plantee recursos de inconstitucionalidad a la Ley Trans y otras iniciativas en aspectos relativos al género. ¿Quién y con qué perspectiva de género decidirá esa disputa si un día el asunto llega al Tribunal Constitucional?

En la película El Informe Pelícano (1992), John Grisham ya planteaba la jugada para resolver una disputa de fondo en torno a políticas controvertidas mediante la confección de nombramientos decisivos a largo plazo en el Tribunal Supremo. Quizá ese argumento ayude a entender mejor por qué la resolución del conflicto sobre la ‘Ley Trans’ también pasará por el acuerdo de designaciones en órganos del Estado que el Gobierno tiene pendiente de cerrar con el PP.

De cómo se resuelva este cisma interno del feminismo dentro del Ejecutivo no sólo dependerá la estabilidad del actual equipo ministerial. Si asumimos la hipótesis, antes expresada, de la alta probabilidad de que los futuros liderazgos de los partidos de la coalición basculen hacia las mujeres, podemos intuir que esa disputa entre feminismos alcanzará nuevas cotas de intensidad.

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