Chile, ante su año más decisivo, busca otro contrato social

El sismo que viene padeciendo la democracia en el mundo tuvo en 2019 uno de sus epicentros en Chile. La progresiva pérdida de la confianza en las instituciones y en el sistema democrático, las crecientes inequidades y la falta de mecanismos de participación ciudadana provocaron un estallido social a finales de ese año, hoy transformado en un proceso que va a preparar una nueva Constitución.

Un gran número de países (ver Colombia, por ejemplo) afrontan muchos de los desafíos que la ciudadanía chilena planteó en aquellas grandes movilizaciones de 2019. Por eso, el proceso chileno presenta una oportunidad única para entender que es posible una verdadera transformación social. La votación de este fin de semana para escoger a las personas representantes a la Convención Constitucional no deja lugar a dudas: la ciudadanía pide cambios y rehúye de la institucionalidad clásica, aunque ésta será también un actor central en el proceso.

Con una participación no muy alta, la candidatura oficialista perdió la posibilidad de veto –la propuesta de Constitución debe tener un quórum de dos tercios de los 155 asientos– que le otorgaban la mayoría de analistas, pese a sacar 37 escaños. Por el contrario, las candidaturas independientes consiguieron casi 50 representantes, lo que demuestra la voluntad de renovación de la ciudadanía. Estos dos elementos hacen que el quórum necesario pueda encontrarse entre independientes y la suma de la izquierda y el centro-izquierda, que obtuvieron 27 y 25 escaños, respectivamente, y los 17 asientos de los pueblos originarios.

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La propuesta de Constitución que salga de la Convención deberá ser aprobada en referéndum en una votación que puede coincidir con las elecciones presidenciales; que, vistos también los resultados del fin de semana en las elecciones locales –la Alcaldía de Santiago, quinta mayor metrópolis de Latinoamérica, recayó en el Partido Comunista, con Irací Hassler – presagia un acalorado contexto político. En el país llamado del milagro económico y miembro de la OCDE, ahora mismo está todo encima de la mesa.

América Latina, frente a una democracia en crisis

Al día de hoy, en todo el mundo, cerca de 1.500 millones de personas viven en países en los que el descontento con la democracia es generalizado. De hecho, según The Economist, se calcula que sólo un 8,4% de la población mundial vive en una democracia plena. Este aumento de la insatisfacción se ha producido también en Europa del Sur, pero si hay una región en la que, en los últimos años, este descontento y desconfianza ha sido más marcado es en América Latina. Tan es así que se habla de la década pasada como la de la ‘pérdida de confianza en la democracia’.

Gráfico 1.- Apoyo a la democracia y confianza en las instituciones, América Latina y Caribe, ALC (2010-2019).

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ‘Americas Barometer’, 2019.

Pese a no disponer de datos del impacto de la pandemia en la democracia, se evidencia una problemática estructural por la que se ha perdido la confianza en ella y en el contrato social en la región. Para entender qué ha ocasionado esta crisis existencial en el sistema y por qué en Latinoamérica países con tanta riqueza generan, a la vez, tanta pobreza y privilegios es básico entender la relación entre desigualdad y poder político. La desigualdad acaba distorsionando la legitimidad de la democracia, al otorgar a los que más poder tienen –las élites extractivas– una mayor capacidad de influir en la política en su favor, fenómeno que se conoce como captura política.

Del malestar a la acción: cómo Chile transformó un estallido social en una reforma constitucional

La crisis de la democracia chilena se gestó por un modelo que logró generar riqueza, pero que no distribuyó equitativamente sus frutos. Adicionalmente, la profunda desconfianza ciudadana hacia todas las instituciones, particularmente hacia la clase política, empresarial y la Iglesia católica no es más que una clara manifestación de las graves condiciones de desigualdad económica y política, de indignidad y de maltrato, de la escasez de espacios de participación y de una intolerable acumulación inmerecida de desventajas en millones de personas. La popular consigna no son 30 pesos, son 30 años resume una combinación de situaciones que, acumulativamente, se volvieron intolerables y explotaron en 2019.

Casi un mes después del comienzo del estallido social, las distintas fuerzas políticas del país lograron alcanzar el ‘Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución’. Después de regir más de 40 años, los partidos de todas las tendencias abrieron las compuertas para que la ciudadanía decidiera si quería continuar bajo las normas de la Constitución heredada de la dictadura o se procedía a escribir un nuevo contrato social. El veredicto popular fue perentorio: un 78,28% se pronunció a favor de un cambio. Adicionalmente, un 79% votó para que fuera una Convención Constituyente completamente nueva, con la posibilidad de elegir entre candidaturas independientes, la que redactara el nuevo texto, desechando de manera mayoritaria que lo hiciera una convención mixta compuesta de congresistas y ciudadanos y ciudadanas. 

La ciudadanía siempre estuvo ahí

Una de las paradojas de la sociedad chilena es la profunda brecha entre el malestar y el convencimiento de la necesidad de cambios profundos, por un lado, y una escasa participación en distintas instancias colectivas, por otra. Tiene su origen en un sistema en el que las organizaciones de la sociedad civil, si bien cuentan con un fuerte apoyo ciudadano, comparten una precaria situación institucional.

Nada de ello fue obstáculo para que, a partir del estallido social, la ciudadanía buscara múltiples e innovadoras formas de coordinación para manifestar sus demandas. Los medios digitales, y particularmente las redes sociales, desempeñaron un rol fundamental. Las coordinaciones iniciales destinadas a organizar las protestas a lo largo del país abrieron paso a la coordinación de encuentros auto-convocados, cabildos y otros mecanismos de diálogo y conversación ciudadana. Así, una ciudadanía descreída y escéptica en sus instituciones dio lugar a la auto-organización para involucrarse en una reflexión profunda de cómo construir un nuevo pacto social que permitiera crear un nuevo sistema de relaciones entre las personas, las comunidades, los pueblos y las instituciones.

El ejercicio de la participación social dio también paso a coordinaciones y trabajo conjunto entre la Academia, fuerzas sociales diversas, estudiantes, asociaciones de profesionales, trabajadores, y a la presentación a la elección de los miembros de la futura Convención Constituyente de numerosas listas de organizaciones independientes. La irrupción de estas listas ratifica la desconfianza en el rol intermediador y de representación de los partidos tradicionales, que cuentan con un escaso 4% o 5% de apoyo ciudadano. Esta desafección no responde sólo a malas prácticas desde la política; se trata también de la compleja tarea de la representación en sociedades de identidades y culturas múltiples.

Las grandes movilizaciones sociales en el mundo en 2019

El mundo ha presenciado varios años de protestas en las calles a partir de la crisis del 2008, que han supuesto un punto de inflexión al coincidir con una aceleración de los flujos de información y comunicación mediante la sociedad en red. Surgieron desde entonces las primaveras árabes, Occupy Wall Street, el 15-M, etc. La protesta se ha mantenido en los últimos años, siendo 2019 un año en el que, de nuevo, la pólvora social le estalló al sistema: protestas en Líbano, Algeria, Francia, Iraq, Hong Kong y por toda Latinoamérica, incluyendo Chile.

La protesta se ha convertido en movilización social, perdiendo poco a poco su carácter institucionalizado, y se organiza cada vez menos en sindicatos u organizaciones de la sociedad civil. Por el contrario, movimientos sociales espontáneos y líquidos organizan la protesta en la calle; una calle cada vez más reprimida, porque en América Latina no sólo ha retrocedido la confianza en la democracia y en las instituciones, sino también en el espacio cívico.

Todas estas protestas prenden a partir de un chispazo, pero van sumando temáticas para acabar pidiendo una democracia real y cambios en el statu quo. Comparten la repulsa al poder de unas élites que moldean a su favor las políticas públicas, el Estado y la democracia; lo que en Latinoamérica se ha llamado «la rebelión contra las élites». El caso de Chile es paradigmático.

La oportunidad que generó la ciudadanía chilena a partir de un estallido social, que comenzó desarticulado pero que derivó en un proceso de reforma constitucional inclusivo y participativo, es también una oportunidad de aprendizaje para América Latina. Hoy, la región afronta escenarios de polarización y violencia, que se van reproduciendo en varios países de la región, y una voluntad de reformar los contratos sociales. La oportunidad que tiene Chile de diseñar un Estado social y de derecho sobre nuevos cimientos democráticos es única y ejemplarizante para la región y para el mundo. La construcción de consensos amplios incluyendo a actores nuevos es también una llamada de atención al enfoque y las estrategias que vienen desarrollando otras latitudes como la Unión Europea. El contrato social debe organizarse en función de la realidad actual y no de la de años atrás.

La Constitución de un país es el principal proyecto colectivo de una sociedad. Por eso, que la sociedad tiene que tener una que se le parezca; a sus diversidades, a sus anhelos, a su inteligencia colectiva y a las nuevas generaciones que están en camino. La ciudadanía chilena ha emprendido un camino difícil, pero que puede suponer un antes y un después en su historia. Es probable que el país se convierta, también, en un ejemplo al que mirarán muchas sociedades de la región y más allá.

Es paradójico que el cambio se esté gestando en al país del milagro económico o, como dijo el presidente Sebastián Piñeira, «el oasis democrático». Sea como fuere, los resultados de este fin de semana no dejan lugar a dudas: Chile quiere cambios, y está claro que este proceso los traerá. El alcance y ambición de los mismos lo iremos viendo a partir de ahora, en la lucha que se avecina entre el viejo orden y los aires de cambio. En el horizonte, el referéndum para aprobar la Constitución, las elecciones presidenciales y las legislativas.

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