Biden y Centroamérica

El nuevo presidente de Estados Unidos afronta enormes desafíos, tanto a nivel nacional como internacional; desde abordar las continuas amenazas para la salud y la economía por la Covid-19 hasta la creciente influencia global de China. En el hemisferio occidental, la nueva Administración debe enfrentarse al legado desastroso de la Presidencia de Donald Trump, que dio la espalda a la promoción de la democracia y a los esfuerzos anticorrupción para poner el acento en las duras políticas de inmigración y el nacionalismo representado por el lema America First. Las políticas de la última Administración fueron particularmente devastadoras para los países de Centroamérica. La retórica de Trump, la reducción de la asistencia económica y las duras políticas migratorias agravaron la inestabilidad política, la corrupción y la dislocación económica. Además de estos efectos, la región se ha visto muy afectada por la pandemia del coronavirus y, recientemente, por dos huracanes destructivos.

La nueva Administración ha anunciado un paquete de asistencia de 4.000 millones de dólares, un esfuerzo renovado para combatir la corrupción y promover la democracia, y un cambio en la política de inmigración. Joe Biden ha emitido una orden ejecutiva que pone el énfasis en el compromiso de su Presidencia de seguir una política enfocada en las causas fundamentales de la migración; a saber, la desigualdad económica, la violencia, la corrupción y la inestabilidad política. Ha prometido una política de asilo que sea humana y acogedora para quienes huyen de la persecución política y la violencia.

Todos estos cambios son bienvenidos, pero es probable que los 4.000 millones de dólares no sean suficientes para abordar la magnitud de los problemas de la región. La Covid-19 ha exacerbado las disparidades económicas, educativas y de salud en las sociedades centroamericanas. La corrupción ha aumentado a medida que las élites y las redes delictivas han intentado aprovecharse de la pandemia. El autoritarismo se ha profundizado porque los presidentes han buscado consolidar el Poder Ejecutivo, reprimir o debilitar la oposición política, y cada vez son más dependientes de las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad y la autoridad política.

Una de las primeras pruebas críticas para la Administración Biden llegará en noviembre de 2021, cuando tanto hondureños como nicaragüenses vayan a las urnas para elegir presidente. Ambos países se enfrentan a elecciones difíciles empantanadas por la corrupción, el autoritarismo y oposiciones débiles.

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En Honduras el presidente, Juan Orlando Hernández, tiene constitucionalmente prohibido postularse para un tercer mandato. Su Presidencia se ha caracterizado por niveles significativos de corrupción, incluida su controvertida reelección en 2017. El propio presidente ha sido acusado de vínculos con cárteles de la droga y lavado de dinero, y su hermano fue declarado culpable de tráfico de cocaína por un jurado de Nueva York. Las acusaciones durante el juicio vincularon millones de dólares provenientes del narcotráfico a contribuciones para el gobernante Partido Nacional durante las elecciones de 2009, 2013 y 2017. Una investigación gubernamental vinculó a uno de los principales candidatos de esta formación para las elecciones de este año, el alcalde de Tegucigalpa, Nasry Tito Asfura, con la malversación de más de un millón de dólares de fondos de la ciudad. A otro aspirante del Partido Nacional, Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso, también se le ha asociado con los cárteles de la droga.

Yani Rosenthal, banquero prominente y uno de los candidatos de otra de las formaciones históricas de Honduras, el Partido Liberal, la otra formación histórica de Honduras, se declaró culpable de lavar dinero de los cárteles de la droga y acaba de cumplir una sentencia de tres años en una prisión estadounidense. La principal formación opositora, el Partido Libertad y Refundación (Libre), está dirigido por el expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado por un golpe de Estado en 2009 y cuyos familiares fueron nombrados en tribunales estadunidenses por recibir dinero del narcotráfico.

Para empeorar las cosas, el presidente Hernández se ha negado a renovar el mandato de la Misión de Apoyo a la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), patrocinada por la Organización de Estados Americanos (OEA). El riesgo de manipulación electoral sigue siendo alto, al seguir vigentes las reglas de las elecciones de 2017. Además, en ausencia de MACCIH u otro mecanismo internacional similar, el riesgo de que el dinero ilícito entre en la campaña es muy alto.

Francamente, las opciones en Honduras no son muy edificantes, por lo que Estados Unidos debiera abstenerse de expresar una preferencia entre los candidatos presidenciales y centrarse en el proceso electoral. La Administración Biden debe dejar claro al presidente hondureño que la cooperación bilateral, particularmente en asuntos de seguridad, depende de la voluntad de Hernández de garantizar elecciones libres y justas. La Administración estadounidense debería emplear Usaid (Agencia para el Desarrollo International) para financiar y desarrollar capacidades entre las organizaciones de la sociedad civil, particularmente para monitorizar el cumplimiento del Estado de derecho y promover un ambiente donde el discurso político esté libre de violencia.

Usaid, junto con la OEA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), puede promover un diálogo entre los diversos partidos políticos para establecer reglas de transparencia y rendición de cuentas que incentiven a los actores políticos a aceptar las reglas del juego democrático. Se han realizado esfuerzos similares en otros países; por ejemplo, en Panamá durante la década de los 1990. En última instancia, EE.UU. debe dejar claro al presidente Hernández y a las élites hondureñas que las futuras relaciones económicas, políticas y de seguridad entre ambos países están condicionadas a hechos claros contra la corrupción y a favor de unos resultados electorales transparentes.

En Nicaragua, las elecciones estarán marcadas por el hecho de que será la tercera vez que Daniel Ortega busca la reelección desde que regresó a la Presidencia en 2007. Desde que ganó los comicios en 2006, Ortega y su esposa Rosario Murillo, actual vicepresidenta del país, han manipulado el proceso electoral, socavado la autonomía de los poderes Judicial y Legislativo, politizado la Policía y las Fuerzas Armadas, ha utilizado grupos paramilitares para intimidar a los opositores y ha reprimido generalizadamente a la sociedad civil. La oposición política ha sido neutralizada y hay pocas dudas de que las elecciones de noviembre no serán libres ni justas.

Desafortunadamente, la Administración Biden tiene pocas opciones en este caso. Si bien Nicaragua sigue siendo miembro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta, en sus siglas en inglés) y, por lo tanto, depende de sus lazos económicos con EE.UU., sacarlo de este tratado multilateral es difícil y, probablemente, dañaría al pueblo nicaragüense mucho más que al régimen. Las sanciones específicas pueden presionar a Ortega y a sus seguidores, pero han tenido efectos limitados en casos como el de Venezuela, donde las Fuerzas Armadas y de seguridad siguen siendo leales al Gobierno, igual que en Nicaragua.

Sin embargo, la Administración Biden debería, como mínimo, trabajar con organizaciones internacionales como la OEA y la ONU, junto con socios regionales como Costa Rica y Panamá, para presionar a Ortega para que entable un diálogo serio con la sociedad civil y los opositores políticos que promueva la transparencia y unas elecciones justas. No obstante, a largo plazo lo único que podría forzar a Ortega a suavizar su control del podersería un cambio en las relaciones EE.UU./Cuba y, quizás, un diálogo significativo en Venezuela. Pero, en resumidas cuentas, no son esperables muchos cambios antes de los comicios de noviembre. Nicaragua parece destinada a continuar su deslizamiento hacia la autocracia.

Por último, Biden encontrará una América Central asediada por la pandemia, devastada económica y socialmente, con la autocracia en alza y la corrupción, generalizada. Todos estos problemas vienen de lejos, pero la Presidencia de Trump los agravó. El presidente demócrata ha nombrado a personas altamente calificadas para su equipo del hemisferio occidental, incluyendo a Brian Nichols como subsecretario de Estado para estos asuntos, a Juan González como director en el Consejo de Seguridad Nacional y a la ex embajadora en México, Roberta Jacobson, como coordinadora de la frontera suroeste en el citado Consejo. Todos ellos tienen una larga y exitosa trayectoria profesional y conocen bien Latinoamérica.

Las intenciones políticas anunciadas por el presidente son muy positivas y Biden tiene la experiencia en la región para comprender los problemas subyacentes. Sin embargo, al fin de cuentas, las buenas intenciones no serán suficientes para resolver la profunda crisis que afronta América Latina en general y Centroamérica en particular. Habrá que desplegar importantes recursos, junto con una diplomacia multilateral inteligente y voluntad política, para promover el desarrollo económico, la democracia y la seguridad que los pueblos de la región reclaman y la seguridad de los EE.UU. requiere.

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