Ayudas empresariales: más fácil anunciarlas que ejecutarlas

El retraso en la puesta en marcha de las ayudas directas a empresas ha tenido esta semana un nuevo episodio con su retirada, in extremis, del orden del día del Consejo de Ministros del pasado día 9 de marzo, aun cuando el presidente del Gobierno lo había anunciado días antes. El motivo de este retraso parece ser la necesidad de terminar de perfilar la composición y pesos de cada uno de los tres instrumentos previstos en las mismas: ayudas directas, recapitalización y apoyo a las quitas de los créditos ICO

Que España necesitaba intensificar su apoyo a la solvencia de las empresas afectadas por la crisis es cosa sabida: en primer lugar, por la necesidad de incorporar un impulso fiscal directo para apuntalar la titubeante recuperación que vivimos desde el cuatro trimestre de 2020 (con crecimientos positivos, pero por debajo de expectativas), y con los efectos económicos de la tercera oleada haciéndose sentir en el primer trimestre de 2020, con una inesperada y mala subida del desempleo en febrero de este año; pero también, y esto es quizá lo más importante, por la perentoria necesidad de mantener el tejido empresarial en las mejores condiciones posibles de cara a una eventual recuperación a partir del segundo semestre. Si la bolsa de consumo contenido se desborda una vez que se han generalizado las vacunas y se encuentra con una oferta limitada por la destrucción de empresas y empleo, las probabilidades de un incremento de la inflación son altas. 

Reconstruir el tejido empresarial necrosado es una tarea lenta y costosa: España todavía no ha recuperado el número de empresas que tenía en 2008, y se enfrenta a una nueva ola de destrucción de tejido empresarial. Por esto mismo es importante evitar que cierren las tiendas, los restaurantes o los hoteles, que luego cuesta tanto volver a abrir

Las medidas de liquidez y el sistema de protección de empleo, puestos en marcha el año pasado, han sido decisiones positivas y deben considerarse como tales, pero una crisis prolongada por falta de ingresos no se puede sostener únicamente a base de deuda. Era perentorio intervenir en la solvencia de las empresas para evitar un incremento de los concursos de acreedores que, por otro lado, podían aumentar el riesgo de créditos morosos y afectar a la solvencia de la banca, una situación que podría haber llevado a una nueva dimensión en esta crisis. 

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Determinada su necesidad, sobre la que existe un importante consenso, el problema de su puesta en marcha descansa en la dificultad de su implementación. Dar ayudas directas focalizadas implica discrecionalidad en la concesión, y es posible que el Estado no tenga las capacidades suficientes para hacer frente a las mismas. Por ello, el concurso de las comunidades autónomas se hacía necesario. Si bien el pilar de recapitalización que gestionará Cofides está bien delimitado (empresas de tamaño medio, las llamadas midcaps) y se puede gestionar adecuadamente, la concesión de subvenciones a decenas de miles de pequeñas empresas escapa del alcance inmediato de las capacidades de la Administración para evaluar y seguir su uso. Será muy difícil seguir el cumplimiento de cualquier condicionalidad que se establezca, porque sencillamente faltarán medios para hacerlo. La Administración está aprendiendo ahora a usar los datos de sus registros, y no hay un sistema de seguimiento de ayudas lo suficientemente desarrollado. Y cuanto mayor sea la condicionalidad, más difícil será de aplicar; y también, por qué no decirlo, mayor la injusticia: las empresas no han cerrado ‘motu proprio’, sino obligadas por las circunstancias de lucha contra la pandemia. ¿Por qué exigir condicionalidad cuando lo que se está haciendo es resarcirlas de las pérdidas por su contribución a la lucha contra la Covid-19?

Desde esa perspectiva, lo más fácil de aplicar es favorecer las quitas a los préstamos ICO, pero esa medida corre el riesgo de no ejecutarse o de tener un impacto menor. Los bancos no van a decidir de buena gana aplicar quitas a empresas que están pagando bien, y hacerlo con aquéllas que están en mora es difícil de sostener, amén del impacto que pudiera tener en sus condiciones de requerimientos de capital. Si el alcance es voluntario, su recorrido será muy corto. 

En definitiva, el diseño de este tipo de instrumentos es extraordinariamente complicado y de difícil aplicación real. Otros países han optado por modelos con un carácter indemnizatorio, proporcionando a los sectores ‘obligados’ al cierre una indemnización por un porcentaje de sus ventas en 2019. Esta medida hubiera sido más automática (sólo hay que presentar las cuentas registradas en el Registro Mercantil del año anterior), pero al mismo tiempo hubiera sido mucho más caro, en un país que sigue mirando de reojo sus aumentos de deuda pública pese a los llamamientos a incrementar los estímulos fiscales. 

Quizá lo ideal hubiera sido comenzar a preparar el plan de apoyo a la solvencia con muchos meses de antelación, para tenerlo preparado cuando fuera necesario y no tener que estar ahora con la presión de sacarlo adelante con urgencia. Ideas para hacerlo no han faltado, pero la opinión expresada por los responsables de la política económica, hasta bien entrado el otoño de 2020, es que estas ayudas no iban a ser necesarias por las buenas perspectivas de la economía. Sin embargo, la crisis se ha alargado y ahora corremos el riesgo de sacar un instrumento con defectos de diseño y envuelto en cierta polémica; gratuita, por otro lado. En la anterior crisis vivimos un momento similar cuando, en vez de recapitalizar con rapidez las cajas de ahorro, buscamos la manera de no comprometer dinero público (algo que se llegó a decir incluso en las elecciones de 2011) y no intervenir excesivamente el sector. Seis meses más tarde de aquellas elecciones, España tuvo que solicitar un rescate parcial al Mecanismo de Estabilidad. A veces, en política económica, es mejor prepararse para lo peor antes de que sea imperativo poner en marcha las medidas. 

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