A un mes del inicio del paro, sigue la violencia en Colombia

El viernes 28 de mayo se cumplió el primer mes desde el inicio del paro nacional en Colombia. Ha llamado la atención del mundo por su duración, la participación masiva en marchas predominantemente pacíficas, la respuesta represiva y el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado, los episodios de vandalismo y saqueo, los bloqueos de las principales vías dentro y fuera de ciudades, así como el uso de violencia por parte de civiles armados en más de una localidad.

La situación actual del país refleja el desacierto de las decisiones de un Gobierno nacional liderado por un presidente políticamente débil y cada vez más aislado, incapaz (o en el peor de los caos, renuente) a entender la magnitud del descontento social.

Partiendo de esta premisa, y más allá de la caracterización de la pobre gestión gubernamental, se resaltan aquí algunos aspectos clave de esta nueva ola de protesta en Colombia que contribuyen no sólo a su duración sino, además, conducen a un horizonte incierto.

El paro y su dinámica descentralizada

En contraste con otros países de América Latina, Colombia no se ha caracterizado por tener grandes y continuos episodios de movilización social. La ausencia de grandes protestas está relacionada con el largo conflicto armado que vive el país y que ha contribuido a la estigmatización de la protesta social como una actividad ‘subversiva’.

El acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) de 2016 eliminó este estigma para una importante parte de la población y se pudieron ver importantes episodios de movilización, como los ocurridos a finales de 2018 con el objetivo incrementar el presupuesto educativo. En noviembre del año siguiente Colombia, al igual que otros países de la región, expresó su profundo descontento mediante la protesta social urbana y masiva, sólo interrumpida por la pandemia de la Covid-19.

Aunque su carácter masivo es, quizás, lo que suscitó mayor atención, una de las características que ha distinguido al paro actual (en comparación con otras dinámicas de movilización precedentes) es su descentralización.

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Históricamente, las reclamaciones sociales a escala nacional tenían su foco en Bogotá y se derramaban sobre el resto del país. Hasta las movilizaciones indígenas que salieron del suroeste del país tenían la capital como gran punto de llegada, el centro del poder político.

Si bien la convocatoria arrancó nuevamente en Bogotá, especialmente de mano de las centrales obreras, inicialmente los focos de mayor intensidad se han ubicado esta vez (inicialmente) fuera de ella. Indiscutiblemente, el epicentro de este paro es Cali, aunque no se quedó exclusivamente allí. Al margen de los grandes centros urbanos, ciudades intermedias e incluso zonas rurales tuvieron un protagonismo más allá de lo habitual, lo que prueba que las dinámicas de movilización no responden al modelo excesivamente centralista del país.

Viejos y nuevos actores sociales

Una mirada al Comité del Paro Nacional (que convocó formalmente la movilización y es actor de la negociación) puede dar una impresión distorsionada de quiénes están participando. En su gran mayoría, está compuesto por hombres que representan a organizaciones sociales tradicionales como los sindicatos. A simple vista, parecería pues que el paro es obra de éstas, que se habrían revitalizado.

Sin minimizar la importancia de sindicatos y estudiantes, en esta ocasión la mayor parte de los manifestantes son personas que no responden, en promedio, a estos perfiles. De hecho, parte del descontento expresado en las calles es el reflejo de la transformación del mundo del trabajo y las limitadas perspectivas que ofrece. En las protestas participan jóvenes de áreas urbanas marginadas con pocas (o nulas) oportunidades laborales y educativas, y la mayor parte de ellos y ellas no forma parte de estructuras políticas organizadas.

La ya dramática situación se ha agudizado con la pandemia, que ha causado un importante empobrecimiento de la población. El Estado colombiano respondió a la crisis sanitaria con cuarentenas y aislamientos; y aunque ofreció ayudas a empresas para evitar despidos, no replicó ese apoyo a los sectores informales, mucho más desprotegidos y probablemente más afectados. Según cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane), la pobreza ha alcanzado la cota del 42,5%, o lo que es lo mismo, afecta a 21 millones de personas.

Las calles reflejan esta precarización de una forma muy concreta: la fragmentación en la sociedad civil. Incluso a escala local, y más allá de una articulación mínima necesaria para sostener una movilización de estas dimensiones, cada frente goza de una fuerte autonomía. Puede que muchas marchas y puntos de concentración respondan a una coyuntura nacional, pero quienes las ponen en marcha no son las organizaciones sociales nacionales (o incluso las locales) tradicionales, sino personas que se van sumando para expresar su descontento.

Negociación multi-nivel

Precisamente esta alta descentralización de la protesta y la fragmentación de las organizaciones sociales hacen más difícil alcanzar acuerdos. Cuando se consigan pactar las condiciones mínimas para negociar, quienes lo harán a nivel nacional serán el comité de paro y el Gobierno. Pero estos actores centrales no podrán de quienes hoy están movilizados. Lograr un acuerdo a este nivel es importante, pero no lo resuelve todo.

A diferencia de otros procesos de este tipo, el paro actual no sólo se caracteriza por una mayor espontaneidad y ausencia de articulación entre las partes (algo que ya se percibió en las movilizaciones de finales de 2019). El perfil más popular y local de muchos de los actores movilizados ha puesto sobre la mesa temas (o agravios) más regionales y locales, planteados por organizaciones que, en algunos casos, se han constituido a partir de la movilización misma; aunque puedan estar basados en experiencias previas de organización comunitaria.

Estas manifestaciones más locales de la protesta han de negociar con gobiernos locales y regionales, que muchas veces no tienen la capacidad de coordinar ni negociar con tal pluralidad de actores. Esto se complica aun más con la (justificada) desconfianza que hay respecto a los gobiernos locales entre los sectores populares, en parte por la pobre provisión de servicios públicos en estas zonas o la eliminación (o transformación) de programas sociales que habían tenido buena aceptación. En el caso de Cali, por ejemplo, fue notoria la incapacidad de la alcaldía distrital de gestionar el descontento en las primeras semanas. Fue la arquidiócesis de la ciudad (que ha logrado, a través de sus vicarías, tener una mejor interlocución con los actores sociales) la que consiguió acuerdos mínimos para evitar el colapso total. Aun así, quedan pendientes agendas ligadas a la provisión local de los servicios estatales, la mitigación del empobrecimiento y el acceso a unos mínimos sobre educación, trabajo y salud.

Dinámicas de la protesta, violencia y ‘spoilers’

Es evidente que un paro que ya dura más de un mes no puede comprenderse como una situación estática: las mismas dinámicas de movilización y represión estatal modifican continuamente las negociaciones, las formas de la violencia y la posibilidad de encontrar soluciones.

No hay duda de que la respuesta represora del Estado y su terquedad al no reconocer como legítimo el descontento social ha indignado a parte de la población que participaba en la protesta. Más que disuadir, la violencia policial ha incrementado el malestar social.

Pero también, algunas formas de protesta, al extenderse por tanto tiempo, han minado el apoyo al paro incluso entre muchos sectores que inicialmente lo apoyaron. En particular, los bloqueos de calles, de autopistas y de los accesos a las ciudades han generado desabastecimiento tanto para los hogares como para las empresas, agravando la ya crítica situación de la economía. La imposibilidad de llegar a acuerdos ha alimentado, a su vez, la escalada que, en los casos más extremos, se ha materializado en el uso de la violencia armada por parte de civiles; lo que, a la postre, puede llevar a una mayor militarización de la respuesta estatal.

Estas dinámicas complican aún más la consecución de acuerdos (locales o nacionales) o, incluso, que se puedan sostener los precarios pactos alcanzados entre los gobiernos locales y la sociedad civil se sostengan. Es necesario desescalar la tensión para blindar estos procesos de la acción de spoilers que están aprovechando la situación para consolidarse más tanto políticamente como en otros mundos como el de las economías ilegales. Aunque la tesis gubernamental de que la movilización es el producto de la acción de organizaciones criminales ignora la crítica situación social que atraviesa el país, no se puede descartar que los criminales estén también pescando en río revuelto y torpedeando los procesos de negociación.

Colombia necesita una estrategia de diálogo clara, abierta, y estable. La respuesta militar del Gobierno no es la salida y, además, ha contribuido a elevar la confrontación.

El país necesita un diálogo que articule las agendas nacionales, regionales y locales, algo que no se puede hacer únicamente desde Bogotá. Es necesario que reactive espacios de concertación que antes existían; y agendas ya pactadas, como aquellos programas ligados al cambio social y la participación política que se plantearon con el Acuerdo de Paz.

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