Trump ¿seguridad o racismo?

El pasado viernes, el recién investido Presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump firmaba una orden ejecutiva que cancelaba, temporalmente, cualquier entrada al país de personas nacionales de siete estados de mayoría musulmana. Ese mismo día, horas después, el decreto entraba en funcionamiento provocando un caos administrativo y logístico en los aeropuertos internacionales norteamericanos, una oleada de reacciones y condenas diplomáticas desde muchos puntos del planeta y la movilización de grandes sectores de la población norteamericana que se concentraba para mostrar su rechazo.

A pesar de que Trump había repetido en su campaña electoral que promovería políticas migratorias más restrictivas, poco apuntaba a que la medida sería esta. Desde el viernes, los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen tienen prohibida la entrada a territorio norteamericano durante 90 días. Además, se suspende la aceptación de solicitantes de asilo durante 120 días y la aceptación de refugiados sirios de forma indefinida. Trump defiende la orden en base a la seguridad nacional y justifica que son países “proclives al terror”. En realidad, esta orden ejecutiva poco tiene que ver con la seguridad nacional norteamericana.

En primer lugar, cabe preguntarse por qué estos países en concreto. En los últimos dieciséis años, ningún nacional de estos países ha atentado o herido a ningún norteamericano en suelo propio. En los atentados del 11-S, 18 de los 19 atacantes eran de origen saudí o egipcio. Desde entonces, todos los ataques terroristas producidos dentro de las fronteras norteamericanas han sido perpetrados por ciudadanos nacionales. La inclusión de otros países en la orden no la haría más lógica ni menos repugnante. Simplemente es necesario destacar la no-inclusión puesto que en estos países (Arabia Saudí, Egipto y Turquía, por ejemplo), la familia Trump tiene o ha tenido intereses comerciales y lucrativos, como apunta el NYT. Por lo tanto, la elección de los países incluidos no se ha hecho en base a informes o datos de inteligencia. Las voces más realistas apuntan que la prohibición puede generar odio, venganza y represalias hacia todo lo norteamericano en esos países. Es cierto que, muy probablemente, esta decisión tan arbitraria y de cariz xenófobo dará alas a los reclutadores y a aquellos elementos que ya estén en proceso de radicalización. Pero este argumento sigue destilando racismo puesto que presupone que las poblaciones musulmanas son propensas a radicalizarse per se cuando se sienten bajo presión.

En segundo lugar, tanto los analistas académicos como los altos mandos del ejército norteamericano y los servicios de inteligencia han definido este decreto como “sinsentido”, “opuesto a la seguridad nacional”, “contraproducente” o incluso “el mejor regalo para la propaganda de Estado Islámico”. Prohibir el movimiento a poblaciones enteras provoca mucho más perjuicio, incluso a los intereses norteamericanos, que beneficio. El caos producido en sólo unos días en muchos niveles de la maquinaria americana es una muestra de ello. Fuera de sus fronteras, los daños se multiplican aún más. Los nacionales de algunos países que podían viajar a EUA ya eran de por sí considerados ‘parias’. Académicos iraníes, científicos libios, médicos sudaneses o traductores iraquíes son vistos como colaboradores de los intereses americanos y tratados con desconfianza en algunos contextos. El caso más visible son los traductores que el ejército norteamericano contrata durante las misiones internacionales. Una vez las tropas se retiran, muchos de estos traductores quedan en situación de peligro y son varias las campañas promovidas por veteranos de guerra norteamericanos para que se les conceda un visado y permiso de residencia. Con la orden de Trump, los iraquíes que estuvieran tramitando este visado han quedado excluidos automáticamente. El decreto les deja ahora aún más desamparados. En lo referente a cancelar la aceptación de solicitantes de asilo y de refugiados sirios de forma indefinida, Trump lleva a su país a violar el Derecho Internacional. Estados Unidos, como firmante de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 y el Protocolo adicional de 1967, tiene obligación de permitir la llegada a sus fronteras con tal finalidad. La Canciller alemana, Angela Merkel, cuyo país es probablemente el único de la UE que está cumpliendo de forma satisfactoria con sus obligaciones internacionales en este ámbito, ha manifestado al Presidente Trump su insatisfacción respecto a la medida. En cualquier caso, la no aceptación de ninguna persona procedente de Siria pone más peso aún en los aliados norteamericanos en la zona: Jordania, Turquía o Egipto, y les deja en peor posición respecto a sus opiniones públicas. ¿Cómo justificar las alianzas con un país que prohíbe la entrada a una parte importante de los musulmanes del mundo?

Por tanto, aun aceptando la soberanía nacional en la gestión de las fronteras y los principios de autonomía y no-injerencia de los estados, la decisión de Trump debería provocar ciertas reacciones en Europa. Los norteamericanos son soberanos y han votado a su presidente conociendo las promesas electorales que tenía. Está en manos de la población norteamericana decidir si éste es el presidente que quieren o si ponen en marcha los mecanismos para cesarlo. Ahora bien, dado el rol hegemónico que tiene EUA en muchos ámbitos y que acaba afectando más allá de sus fronteras, estamos legitimados a opinar y actuar.  Está en nuestras manos exigir el cumplimiento del Derecho Internacional: en USA y en la UE. La orden ejecutiva de Trump no es una medida de seguridad nacional, es una medida racista. Si el sistema político mundial y las normas por las que queremos regirnos están muchas veces marcadas por Washington, quizás es momento ya de preguntarse si queremos que siga siendo así. Europa debe recuperar los principios que la fundaron y trabajar con otras regiones del mundo en favor de un sistema más justo, basado en principios y valores comunes de cooperación.

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