Tres males de la Refugee Ban de Trump

Cuando el pasado 27 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaba la orden ejecutiva “Protection Of The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States”, ponía en jaque, a su vez, algunas cuestiones clave sobre las que pende ahora un futuro incierto.

En primer lugar, la orden ejecutiva es una bofetada en toda regla al derecho de asilo, y por extensión al derecho internacional público. La Convención de Ginebra de 1951 tiene sólo 46 artículos, y algunos de ellos han dado pie a interesantes debates jurídicos. Pero la misma deja bien claro que son personas refugiadas aquellas con fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. El Protocolo de Nueva York de 1967 aún es más corto: once artículos que obligan a los Estados firmantes a aplicar la mayor parte de la Convención de Ginebra a todas aquellas personas refugiadas, sin las limitaciones temporales y geográficas que establecía la misma. Estados Unidos no firmó nunca la Convención de Ginebra, pero si el Protocolo de Nueva York –una excepcionalidad que por cierto comparte con Cabo Verde y Venezuela–, por lo que, hasta la fecha, su compromiso con el derecho de asilo no era discutible, como mínimo sobre el papel.

La orden ejecutiva del 27 de enero supone romper este compromiso con el derecho internacional. Porque pone un veto de 120 días a las solicitudes de asilo, lo que de facto significa desmarcarse de las obligaciones de protección internacional. Y porque es claramente discriminatoria: establece una prohibición de entrada expresa a los nacionales de Siria, y una temporal a los nacionales de países de especial preocupación. La Convención de Ginebra recoge que los Estados signatarios deben aplicar las disposiciones de la misma a las personas refugiadas “sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen”. Y Estados Unidos, signatario del Protocolo de Nueva York, está obligado a cumplirlo. Sería irónico si no fuera tan grave que para justificar la discriminación por razón de origen, la orden ejecutiva apunte la necesidad de priorizar la protección de aquellas personas que practican una religión minoritaria en su país de origen. No porque no sea ésta una razón de protección legítima y que deba ser tenida en cuenta, sino porque en el caso de la orden presidencial, bajo el epígrafe de países “de especial preocupación” a cuyos nacionales se impide viajar a Estados Unidos (de momento por 90 días), se hallan siete países de mayoría musulmana.

En segundo lugar, la orden ejecutiva supone cambiar la narrativa de Estados Unidos como país de inmigración, y romper uno de sus grandes mitos fundacionales. No se trata aquí de evaluar si las políticas de inmigración estadounidenses coinciden con esta narrativa, sino de apuntar que la misma existe, y tiene mucho que ver con la definición de Estados Unidos como tierra de libertad y como país de oportunidades.

Se trata de recordar que ya en 1900, en la ciudad de Nueva York había tantos residentes irlandeses como en Dublín, más italianos y polacos que en cualquier otra lugar que no fuera Roma o Varsovia y más población judía que en cualquier otra ciudad del mundo.  Se trata de recordar que desde George Washington (I had always hoped that this land might become a safe and agreeable asylum to the virtuous and persecuted part of mankind, to whatever nation they might belong) o James Madison (America was indebted to immigration for her settlement and prosperity) hasta J.F. Kennedy (Everywhere immigrants have enriched and strengthened the fabric of American life), George W. Bush (We’re also a nation of immigrants, and we must uphold that tradition, which has strengthened our country in so many ways) o Barack Obama (We are born of immigrants. That is who we are. Immigration is our origin story), Estados Unidos se ha enorgullecido siempre –a pesar de sus políticas migratorias– de ser un país de inmigración.

Y un país de acogida. Se trata también de recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que generó masivos y forzados movimientos de población que tuvieron en Europa uno de los principales epicentros y que explica el nacimiento de la Convención de Ginebra, Estados Unidos acogió a muchas de las personas refugiadas que huyeron del viejo continente. Y  que convirtió la política de asilo (y la figura de los disidentes) en un instrumento de confrontación con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La historia migratoria de Estados Unidos es paradigmática, y su política de asilo, ha sido relativamente generosa, constante y ha contribuido a consolidar su propio imaginario de país de libertades.

Figura 1. Concesiones de asilo en Estados Unidos 1990-2014

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Fuente: DHS Yearbook of Immigration Statistics: 2014 Refugees and Asylees

Figura 2. Solicitudes de asilo aceptadas en el mundo 2012-2014

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Fuente: ACNUR

Y en tercer lugar, y no es menor, porque la orden ejecutiva es un acicate monumental del discurso del odio. Que la orden se firmara el 27 de enero, Día Mundial de la Conmemoración de las víctimas del Holocausto, es especialmente repulsivo. Promover el discurso del odio puede parecer beneficioso en el corto plazo, especialmente si se hace desde una perspectiva electoral y teniendo en mente al votante blanco enfadado del Medio Oeste estadounidense. Pero estimular el odio no ha sido nunca una buena opción: no sólo porque condena a una minoría (‘los otros’, no siempre tan minoritaria) a vivir en situación de miedo y vulnerabilidad, sino porque confronta a la sociedad y rompe la cohesión social. El nivel de tensión social que se vive en Estados Unidos desde la llegada de Trump al poder se ha incrementado con esta prohibición: se han multiplicado las manifestaciones contra la orden ejecutiva; algunas ciudades se han declarado ‘ciudades-asilo’; la han criticado grupos religiosos de todo tipo; se han posicionado en contra los responsables de las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos y hasta el anterior presidente, Obama, ha roto el protocolario silencio para echarle en cara a su sucesor que la orden ejecutiva pone en riesgo los valores estadounidenses.

La orden se suma a la actitud de Trump con la inmigración en general. Si los mexicanos fueron los primeros en probar sus diatribas con la idea del muro, la orden ejecutiva va dirigida ahora a la población musulmana. Distintos objetivos con una misma idea condensada en la frase ‘extreme vetting’ que ha utilizado recientemente: criminalizar a la inmigración; criminalizar al diferente.

Alimentar el discurso del odio y, en este caso, la islamofòbia, desde una tribuna tan visible como la presidencia de Estados Unidos alimenta, además, el discurso racista y xenófobo de muchos partidos europeos, que siguen apostando por hacer creer que los problemas del mundo globalizado se solucionan criminalizando a unos grupos determinados de personas.

Figura 3. La pirámide del odio

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A  esta orden ejecutiva parece esperarle un largo recorrido por los tribunales –de hecho ya ha sido paralizada por un juez federal  pero configura un primer paso hacia un escenario desconocido en el que se ponen en riesgo el derecho internacional público, los valores estadounidenses y la convivencia, en Estados Unidos y más allá de sus fronteras. A quiénes creen que se está exagerando la reacción a esta orden ejecutiva, quiénes piensan que, total, sólo afecta a unas cuantos nacionales sirios que huyen de la guerra y la destrucción, o que sólo afecta a 7 países, que sólo son 90 o 120 días o que son sólo 20.000 posibles afectados según ACNUR… sería bueno que revisaran la historia, y vieran donde conduce azuzar el odio. Porque no soluciona problemas –ni los de la seguridad de Estados Unidos, por más que diga Trump– sino que genera nuevos conflictos. Y porque la vulneración de derechos es una bola de nieve que va adquiriendo dimensiones monstruosas, arrastrando más derechos en el camino antes de acabar estrellándose.   

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