PSOE ¿y ahora qué?

Tras el giro de Podemos y la decisión de Rajoy de renunciar a ser el primer candidato en intentar la investidura, la opción de un pacto de izquierdas se ha convertido, por el momento, en el centro de la discusión política, siempre que el Comité Federal del PSOE acepte seguir explorando esa senda.

Las razones del Pacto

Un pacto de coalición entre PSOE y Podemos sería probablemente el resultado de la voluntad común a ambas formaciones de evitar elecciones anticipadas por los efectos imprevisibles sobre sus respectivos apoyos electorales (una probable caída del PSOE; un aumento menos sustantivo de lo pronosticado para Podemos; en conjunto, un retroceso de la suma parlamentaria de ambos) pero sobre todo por sus efectos internos en cada fuerza, debilitando a sus actuales líderes “federales” en beneficio de los correspondientes líderes y corrientes territoriales.

Para la dirección actual del PSOE, el acuerdo sería su única opción de supervivencia interna. Además, el acceso al gobierno y el acercamiento a una fuerza nueva como Podemos aparecerían como la mejor baza para crecer en los territorios en que el PSOE ha perdido más apoyos (reforzando así a la dirección federal frente a los “barones” críticos), con el objetivo de recuperar electorado de Podemos (y de Ciudadanos, en parte) en el medio plazo.

Para Podemos, el acceso al gobierno significaría alcanzar definitivamente el estatuto de fuerza política central, le permitiría disputar el electorado del PSOE menos proclive al cuestionamiento del sistema y concretaría algunas de sus reformas más emblemáticas, reforzando así su vínculo con sus nuevos votantes. Aunque, ciertamente, también significaría renunciar por ahora al “sorpasso” inmediato del PSOE y apostar por seguir ganando terreno a medio plazo en su particular batalla por segmentos concretos del electorado.

Y, naturalmente, para ambas fuerzas, el acceso al Gobierno permitiría realizar parte de sus programas, aspecto que debiera ser central en la lucha política, por encima de las posibles evoluciones a medio y largo plazo en la relación de fuerzas. Esta concreción es la que debería determinar el contenido del eventual acuerdo de gobierno (o de legislatura) entre PSOE y Podemos, al margen ahora de un eventual reparto de Ministerios. Nueva o vieja política, los gobiernos o las mayorías deben tener como finalidad fundamental el desarrollo de un proyecto legislativo y administrativo. Por esa razón, las experiencias comparadas de coalición o pactos estables acostumbran a contar con un documento inicial claro y concreto de iniciativas que configuran el contenido del acuerdo y delimitan el compromiso de las partes.

El contenido del Pacto

Ese acuerdo, en el caso español, nacería con una limitación fundamental: ambas fuerzas deben renunciar a la reforma constitucional, propuesta estrella de sus programas. No hay reforma sin la participación del PP, tanto por su peso en el Congreso como por su dominio del Senado; y es por completo improbable que un PP que es fuerza mayoritaria y se ve relegado a la oposición asuma entrar en la discusión de la reforma constitucional. Sin duda, algunas de las reformas podrán introducirse por la vía legislativa ordinaria (a lo que nos referiremos de inmediato), pero no las fundamentales y, desde luego, sin la virtualidad integradora y la garantía de un texto constitucional pactado. Se renuncia así por ahora a la reforma del modelo territorial como opción de resolución de la crisis política catalana, pero también a los elementos clave de la reforma electoral (que pasa ineludiblemente por la modificación de la provincia como circunscripción electoral única y exige políticamente un acuerdo con el PP) y de la reforma institucional en la línea de reducción del peso de los partidos (en el TC, en el CGPJ, etc.) o, incluso, de cuestionamiento de la Monarquía.

Pero, en cambio, el acuerdo podría desplegar una gran efectividad en el ámbito de las reformas legislativas y de la actuación presupuestaria: la revisión o reversión de las grandes reformas del PP (laboral, sanitaria, educativa, en materia de justicia, en el desarrollo de derechos y libertades …), el desarrollo de nuevos ámbitos de acción social o el refuerzo de los debilitados en los últimos años (actuaciones en materia de vivienda, lucha contra la pobreza, dependencia, etc.), el descubrimiento e impulso de nuevos ámbitos de desarrollo económico (¿volveremos al impulso de las energías renovables o de los sectores de servicios sociales?, ¿se plantearán realmente nuevas opciones de crecimiento económico? ¿se concretará la atención especial a la calidad del empleo o al empleo juvenil?) o las reformas institucionales que no necesitan modificar la Constitución (el protagonismo del Parlamento, la transparencia, la llamada “regeneración” institucional, el refuerzo de la función pública…). El listado de ámbitos de común interés es amplio y sugiere numerosos puntos de acuerdo, si existe voluntad de alcanzarlo.

Una atención especial merecería la cuestión territorial, tanto por su protagonismo político en los últimos meses como por la especial posición “confederal” del grupo parlamentario de Podemos. La renuncia a la reforma constitucional sí es aquí muy relevante, pero existen dos vías de actuación infraconstitucional de especial interés: por un lado la financiación autonómica (y, en general, la discusión sobre la financiación del sector público, tan vinculada con la política de impulso económico); y por otro la discusión (a medio plazo y ante el cierre de la vía de reforma constitucional) de un eventual referéndum consultivo en alguna de las modalidades (polémicamente) posibles: en Cataluña o en toda España, sobre la independencia o sobre una reforma del modelo territorial general, con o sin previa modificación de la ley orgánica de modalidades del referéndum… El bloqueo de la reforma constitucional por el PP abriría así paradójicamente la vía para la cuestión más polémica de esa reforma: la consulta territorial.

Todo ello al margen del desarrollo escénico de un debate de reforma constitucional condenado al fracaso, pero impulsado y abierto de inmediato para reforzar la imagen de inmovilismo y cierre del PP y justificar otras actuaciones legislativas infraconstitucionales (como la consulta antes citada). La reforma constitucional dejaría de ser un instrumento de consenso para convertirse, aun más, en instrumento de enfrentamiento y lucha partidista.

Un acuerdo de gobierno (o de apoyo parlamentario) es, pues, posible y con numerosos ámbitos compartidos. Pero el pacto (y el nuevo gobierno) deberían sobrevivir en un contexto amenazado constantemente por tres elementos vitales: la (in)estabilidad parlamentaria derivada de la solidez del propio pacto (y las expectativas electorales de PSOE y Podemos) y de la conducta de otros partidos necesarios para alcanzar la mayoría en el Congreso; la (in)estabilidad económica cifrada en la absoluta necesidad de mantener la confianza de los mercados y para acceder a la deuda, con sus contrapartidas políticas y presupuestarias, de difícil asunción para determinadas posiciones de Podemos (y del propio PSOE); y la necesaria colaboración de la Unión Europea, clave para mantener esa estabilidad económica, y vinculada al mantenimiento del esfuerzo de consolidación fiscal de los últimos años. Sin contar con estos tres elementos, cualquier gobierno en España se enfrenta a un día a día agobiante y a un final inmediato y con consecuencias desastrosas para las fuerzas políticas afectadas.

Ése es el núcleo auténticamente difícil y absolutamente central en un eventual acuerdo: la aceptación de la necesidad prioritaria de garantizar la estabilidad en los tres frentes citados; y las cesiones (de ambas fuerzas) que sean necesarias para ello.

¿Gobierno de coalición o pacto de legislatura?

En este contexto cobra interés la opción entre gobierno de coalición o gobierno minoritario asentado en un pacto de legislatura. La segunda ha sido la alternativa que hasta ahora parecía más probable ante la negativa de Podemos a entrar en un gobierno presidido por el PSOE. Sin descartar que esa opción vuelva a plantearse en unos días, el cambio de actitud de Podemos y su aceptación de un gobierno de coalición significa una cierta garantía de compromiso de estabilidad y corresponsabilidad en los frentes mencionados, aunque augure también un gobierno con mayores tensiones diarias y de funcionamiento mucho más complejo.

La falta de experiencia española en gobiernos de coalición, la tensión de una mayoría parlamentaria exigua en el mejor de los casos, la debilidad interna de las direcciones de ambos partidos, la oposición probablemente férrea del PP y la persistente crisis económica y social no son el mejor contexto para ensayar el gobierno de coalición. La alternativa fundamental sigue siendo un gobierno socialista minoritario investido con el apoyo estable de Podemos, más cohesionado internamente aunque más débil en el Parlamento, abierto a “infidelidades” más o menos puntuales con Ciudadanos y a posibilidades de distanciamiento y crítica más fuerte por parte de Podemos y, sobre todo, que se mueva con mayor facilidad en los escenarios económicos y de la Unión Europea; se trata de una opción más fácilmente aceptable para buena parte del PSOE, pero se ignora si lo es también para Podemos, que debería aceptar la dinámica de cesión, concreción de medidas y corresponsabilidad propia de un pacto político.

¿Dónde queda Ciudadanos?

La nueva dinámica política derivada de los pasos de Pablo Iglesias y Mariano Rajoy tiene una inmediata finalidad común: alejar al PSOE de una dinámica de acuerdo con Ciudadanos. De ahí la inmediata respuesta del PSOE en la línea contraria, al menos en un primer momento, pues en esa posibilidad de acuerdo está la fortaleza del PSOE frente a PP y Podemos. Y ésa es la incógnita fundamental de los próximos días: ¿podrá el PSOE mantener los puentes con Ciudadanos en un contexto de negociación con Podemos? ¿aceptará Podemos esa opción; o conseguirá alejar al PSOE de Ciudadanos con sus ofertas de gobierno?

Este artículo ha sido elaborado con la colaboración de Juan Rodríguez

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