Imputado, investigado, encausado… ¿importan los nombres?

Ésta es seguramente una pregunta recurrente tras la reciente reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), aprobada en octubre de 2015. En efecto, el uso del término imputado parecía ya consolidado en nuestro país. Sin embargo, el confuso clima creado por declaraciones de ciertos imputados, medios de comunicación y/u opinión o partidos políticos, junto con la evolución del contexto actual, hacían necesario avanzar en la conformación del estatuto jurídico del sujeto pasivo del proceso penal, planteando, entre otras modificaciones, una nueva terminología. El significado de este cambio es, en mi opinión, mucho más profundo de lo que se pudiera percibir a primera vista, pues entronca con la efectividad de valores tan importantes y apreciados en una sociedad democrática como el reconocimiento de la dignidad humana y los derechos a la intimidad y al honor, a la presunción de inocencia y a la defensa en su más amplio sentido. Y asimismo la necesidad de implementar el derecho a comprender de los ciudadanos interesados no sólo en conocer, sino también entender, lo que sucede en el mundo jurídico y en la justicia penal.

Pese a ello, hay quienes persisten en alimentar la confusión terminológica y de ámbitos de aplicación, en particular, cuando se trata de explicar la situación procesal de personas que ostentan cargos públicos y están siendo objeto de una investigación penal. Hoy en día es difícil encontrar declaraciones de estos últimos que no vinculen su responsabilidad política al camino que siga la exigencia de su eventual responsabilidad penal. Incluso los códigos internos, deontológicos y/o disciplinarios de los partidos políticos, se aferran a la mencionada relación. Sin embargo, una y otra, si bien pueden estar relacionadas, responden a fundamentos distintos y tienen consecuencias diferentes, por lo que resulta imprescindible poner fin al juego de palabras, si queremos que la reforma procesal conserve su significado en este aspecto y evitar además que en poco tiempo volvamos a la situación de partida. Pero vayamos por partes.

La reforma española de la LECrim se enmarca en un proceso de reforzamiento de las garantías jurídicas de la parte pasiva del proceso penal. En efecto, en el año 2009, en el ámbito europeo se aprueba un Plan de trabajo para reforzar los derechos de los sospechosos y acusados en el que se proponían diversas medidas con el objetivo de afianzar su reconocimiento en los ordenamientos de los Estados miembros y con ello, alcanzar unos estándares mínimos comunes de protección en el ámbito de la Unión. Este Plan de trabajo fue asumido en el 2010 por el denominado Programa de Estocolmo, Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano, que además subrayaba que podían incorporarse otras medidas complementarias; entre ellas, las destinadas a reforzar el derecho a la presunción de inocencia. Asimismo se recuerda a los Estados que los estándares de protección deben ser acordes con los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de protección de los derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, amplificando, de este modo, el contenido y extensión de las garantías procesales básicas. Estas previsiones se han traducido, hasta la fecha, en cinco Directivas europeas referidas a distintos derechos del sospechoso o acusado  en el proceso penal –utilizando los términos europeos-, como el derecho a la traducción e interpretación (2010); a la información (2012); a la asistencia letrada (2013); la presunción de inocencia (2016), que introduce la necesidad de establecer mecanismos que sirvan para evitar la identificación de una persona sometida a un proceso penal con su culpabilidad y hace apenas unos días, los derechos de los menores sospechosos o acusados de un delito. Quede claro en estos instrumentos no se hace referencia expresa a la necesidad de uniformar la terminología para designar a la parte pasiva del proceso penal, pero sí se subraya la posibilidad de que los Estados puedan superar los mínimos europeos, adoptando mayores cotas de protección, opción de nuestro Legislador.

En efecto, en España el contexto jurídico-social inmediatamente anterior a la reforma evidenciaba la necesidad de valorar un cambio de términos para referirse a la persona contra la que va dirigida una causa penal. Entre los argumentos en contra estaba la idea de que los nombres que se venían utilizando (reo, imputado…) forman parte de nuestra tradición jurídica y su significado estaba cristalizado. A favor, entre otros, dos argumentos destacables: la deriva del significado de estas palabras en la realidad cotidiana con el correlativo impacto en la percepción social de la situación de los imputados/acusados, y la necesidad de fortalecer las garantías procesales de estos sujetos. La principal muestra de la mencionada deriva se encuentra en la nada neutral pseudo-identificación de la responsabilidad política con la penal, cuando, a mi juicio, deberían estar perfectamente delimitadas.

Así, con un carácter meramente expositivo, podríamos afirmar que la responsabilidad política se genera, entre otros, por la gestión -y su resultado- realizada en el ejercicio de un cargo público, y está fundada en muy distintos títulos de imputación, como el daño objetivo producido, la culpa in eligendo, in vigilando, etc., títulos objetivos en unos casos, intencionales en otros, que también existen en otros sectores del Derecho distintos al penal. La consecuencia suele presentarse en forma de cese/dimisión de cargo, además, en su caso, del expediente o expulsión del partido político y es independiente de cualquier otra responsabilidad de naturaleza jurídica (civil, administrativa o penal), que pueda derivarse del ejercicio del cargo.

La responsabilidad penal encuentra su fundamento en la comisión de un hecho delictivo por un sujeto, que además requiere un componente intencional más o menos intenso, y que tiene como consecuencia la imposición de la pena prevista en nuestras normas penales. Se determina a través de un proceso penal cuya finalidad es, en síntesis, probar que el sujeto ha cometido efectivamente el delito o, lo que es lo mismo, destruir la presunción de inocencia conforme a la cual, todo ciudadano es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. Esto significa que, se llame como se llame a la parte pasiva del proceso o fuera cual fuera su situación procesal –sospechoso, imputado, investigado, encausado, detenido, procesado, preso o acusado– sólo es considerado culpable cuando se ha dictado una sentencia penal de condena.

Si hasta aquí parece clara la distinción, fundamentos y consecuencias de la responsabilidad política y de la penal, la insistencia en fundamentar aquélla en la situación procesal del sujeto pasivo del proceso penal no hace más que alimentar la confusión, hasta tal punto, que parece que son los partidos políticos los que delimitan cuándo un sujeto debe ser considerado culpable o “con altas probabilidades de ser culpable” -cuando se le exige responsabilidad política al ser apartado del partido-  o bien, por el contrario, que son los jueces y las partes acusadoras quienes de algún modo contribuyen a concretar la responsabilidad política de un sujeto cuando, conforme a la evolución de la causa penal, se acuerda la apertura del juicio oral –momento, hasta la fecha, que escenifica la expulsión del partido en la mayoría de los casos-.

Tenemos un idioma rico en términos, significados y matices. El Legislador ha acogido las recomendaciones terminológicas de la Comisión de Mejora del Lenguaje Jurídico con el objetivo de generar una reforma de profundo calado, no sólo jurídico, sino también social, para contribuir al reconocimiento y efectividad de derechos procesales básicos. No confundamos los contextos. Sirva este comentario para reclamar que los partidos comiencen a crear una cultura de la responsabilidad política, delimitando sus perfiles al margen de la penal y pedir respeto por nuestro sistema de garantías procesales penales, sin desvirtuar su sentido y aplicación.

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