¿Ha pasado el ‘momento reformista’?

Con el inicio de la nueva legislatura y la configuración más plural del Congreso de los Diputados ha vuelto a la palestra el debate sobre la conveniencia de una reforma constitucional. Este debate, de hecho, no ha dejado de flotar en el ambiente en la última década, precisamente desde la publicación por el Consejo de Estado de su “Informe sobre modificaciones de la Constitución española” en febrero de 2006 a petición del entonces presidente del gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero.

El debate sobre la posible reforma constitucional se ha movido en estos diez años entre los argumentos jurídicos y las necesidades de la coyuntura política, sobre un fondo de escenario de crisis de los equilibrios del sistema nacido precisamente con la Constitución de 1978. El dibujo resultante es el de una montaña rusa que ha oscilado entre etapas de intensa presión reformista y periodos de letargia y cuasi abandono del proceso.

El impulso inicial de Zapatero no parecía obedecer tanto a una idea propia de la agenda presidencial sino a una reacción al espiral reformista desencadenado por el gobierno catalán de Pasqual Maragall con su reforma estatutaria. Con esta base, el impulso no pasó de la declaración de intenciones, y los resultado de las elecciones generales de 2008, a pesar de que mantuvieron al PSOE en el gobierno, bajaron las revoluciones del túrmix reformista de ZP (en Ferraz se impuso la facción moderada, que mandó parar).

El estallido de la crisis económica y la caída en barrena del gobierno acabaron enterrando ese primer intento de reforma “desde arriba”, que en ningún momento contó con el apoyo del PP, que había olido sangre y se lanzaba a la yugular socialista con la excusa de la reforma estatutaria catalana.

La mayoría absoluta de Rajoy de finales de 2011 mandó la reforma constitucional al limbo durante prácticamente cuatro años. La prioridad del gobierno popular durante esta legislatura fue la economía y el cierre de filas, sobretodo en el apartado territorial, lo que implicaba olvidar sine die la posible reforma.

El problema de fondo de la reforma es que para una parte considerable de la población resulta inaplazable. Y ésta no es una cuestión fácil de resolver. Es más, es imposible de resolver, puesto que el tiempo no la mitiga, sino todo lo contrario, la agrava. La constitución es el elemento definidor del sistema político español actual, para bien y para mal. Es el eje sobre el que gira todo el sistema, un sistema que pronto cumplirá cuarenta años, un periodo suficiente para que se pueda empezar a observar una clara fatiga de materiales, una corrosión importante de algunas de sus piezas, que piden a gritos un reemplazo.

A este desgaste de algunos elementos del sistema colabora el hecho que el sistema político español se basa en un pacto cuyos firmantes representan hoy menos del 40% de todos los mayores de edad con derecho a voto (según los datos del CIS postelectoral de las elecciones generales del 20D). Hoy en día, los nacidos después de 1960 representan el 61% de todos los electores españoles. En 1978 éstos tenían como mucho diecisiete años, y el 30% aún no había nacido. Ahora este contingente tiene entre dieciocho y cincuenta y cuatro años. No sólo son las generaciones más numerosas del censo español, sino que son las que ocupan los tramos centrales de edad, la mayoría de los que trabajan (y sustentan el sistema con sus impuestos). Las generaciones “de la Transición” tienen hoy mayoritariamente edad de jubilación.

El relevo generacional empuja pues la reforma de un pacto originario fosilizado, que sólo ha vivido dos modificaciones menores, obligadas desde fuera (en 1992 y 2011), nunca fruto de un acuerdo entre las fuerzas del interior.

Esta tensión entre una ciudadanía nueva, que no vivió (y por tanto a la que no se le puede pedir un vínculo sentimental) el nacimiento del sistema aún vigente, y una mayoría política que no tiene en la agenda el aggiornamento de este sistema sino precisamente su mantenimiento a toda costa, estalla en estos dos últimos años.

El inicio evidente de esta etapa debe situarse en las elecciones europeas de Mayo de 2014, que ven emerger una fuerza política nueva de ámbito estatal (Podemos) con una capacidad de incidencia no despreciable (por mucho que algunos intentaran minimizar su alcance). Aun así, habría que retrotraerse al 15M y la eclosión del descontento ciudadano con el manejo de la crisis por parte del gobierno socialista. También hay que señalar el estallido del “caso Bárcenas” en Enero de 2013 como un hito en este camino de configuración de un polo reformista de base eminentemente generacional, que aglutina casi todo el espectro ideológico.

El periodo que va de la convocatoria europea (Mayo de 2014) a la repetición de las elecciones generales en 2016 (26 de Julio) define un arco que va de la reforma profunda e “inevitable” de la Constitución a una reforma cosmética que no se sabe cuándo va a aplicarse.

El año 2014 fue el de la crisis más profunda del sistema. No es extraño que en ese año coincidieran la aparición de Podemos, la abdicación de Juan Carlos I y el aumento de la tensión en el “conflicto catalán” (consulta del 9N). Todo ello pinta el cuadro de un final de ciclo, de la necesidad imperiosa de dar un nuevo impulso a un sistema que aparece como agarrotado, con sus actores principales incapaces de reaccionar.

La abdicación de Juan Carlos I y la subida al trono de Felipe VI hace emerger una facción nueva en el establishment económico y social, la de aquellos que entienden que el sistema necesita un cambio si no quiere verse arrastrado por sus propias deficiencias estructurales. La batalla que precede la abdicación del rey es una muestra del enfrentamiento entre facciones en lo más alto del Estado. Por un lado, una facción continuista que entiende que el pacto original de 1978 tiene aún recorrido y que, en cualquier caso, “abrir el melón constitucional” supondría una temeridad. Y del otro lado, una facción reformista que ve inaplazable una revitalización del pacto fundacional en la forma de una modificación constitucional profunda (que en cualquier caso, mantenga los equilibrios básicos del sistema).

El barómetro del CIS de Octubre pone en evidencia la fortaleza de la pulsión reformista de tipo radical que encarna Podemos, y a la vez acrecienta la guerra entre las facciones reformista y continuista del sistema. Según la estimación de voto del sondeo, los de Pablo Iglesias podrían obtener hasta un 22% de los sufragios, situándose a un solo punto del PSOE y a cinco del PP. Conjuntamente, el “bipartidismo” sumaría un poco más de la mitad de los votos. A las puertas de un año plagado de elecciones, parece inevitable que la pulsión reformista se articule como uno de los ejes definidores de la confrontación política entre los partidos (“vieja” y “nueva” política) y dentro de los mismos.

A lo largo de 2015 los reformistas (en sus diferentes versiones: radicales y lampedusianos) van a ir ganando terreno. A principios de año se articula lo que va a ser la oferta política de la élite reformista que propugna un aggiornamento del pacto de 1978: Ciudadanos. Su aparición estelar en las elecciones andaluzas de Marzo se mantendrá en las municipales y autonómicas de Mayo, y llegará con fuerza (más supuesta que real) a las generales de Diciembre.

Lo mismo pasará con la opción de cambio radical que encarna Podemos, a pesar de que sus resultados desmienten en parte las expectativas demoscópicas. Aun así, serán capaces de conquistar las alcaldías de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza en Mayo.

La elección general del 20D supone la aparición de una mayoría reformista de corte plural en el Congreso, a pesar de la victoria del PP. Los resultados ponen de manifiesto la existencia de divergencias importantes en el interior tanto de PP como de PSOE, entre las viejas guardias y las nuevas cohortes de dirigentes.

En el PP, Rajoy y su núcleo se agarran a los 123 escaños conseguidos para hacer frente a las presiones de la elite reformista que ve en los “sorayos” la mejor opción para un acuerdo amplio que pueda abordar una reforma que entienden ahora ya inaplazable. En el PSOE, el nuevo liderazgo de Pedro Sánchez (fruto de la ola reformista de 2014) acaricia la idea de un gobierno reformista con los nuevos partidos, mientras que la vieja guardia apuesta (primero tímidamente, luego de forma abierta) por el entendimiento de las fueras “moderadas” (es decir, el bipartidismo).

La evolución de ambos conflictos internos, y sus derivadas generales, irán cerrando la vía reformista a lo largo de la breve onceava legislatura. En primer lugar, Rajoy sabrá jugar sus cartas para no quemarse, declinando la oferta real de presentarse a una investidura para la que no cuenta con la mayoría necesaria (lo que hubiese abierto el camino a un nuevo liderazgo en el PP). Ante la espantada de Rajoy, Sánchez intentará la configuración de una mayoría reformista, con C’s y Podemos, empresa que acabará fracasando y llevando a la disolución automática de las cámaras.

Los resultados de la repetición electoral del 26J van a suponer el cerrojazo de la aventura reformista. El PP obtiene una mayoría exigua pero mejora su resultado de Diciembre, mientras que las fuerzas alternativas pierden peso. Esto recompone los equilibrios internos en los partidos. Rajoy se afianza ante cualquier intento de desplazarle, mientras Sánchez sí que es descabalgado del liderazgo del PSOE por una coalición apadrinada por la vieja guardia.

La investidura de Rajoy significa la vuelta al statu quo y el triunfo de las tesis continuistas por lo que respecta a los elementos esenciales del pacto constitucional originario. No hay reforma a la vista, y en cualquier caso, ésta se hará bajo la atenta mirada y supervisión de la mayoría que considera que no es prudente “abrir el melón constitucional”. A esta mayoría parece haberse plegado aquella parte de la elite que en 2014 consideraba inaplazable una revisión en profundidad de los acuerdos constitucionales para darle nueva vida al sistema. Con Podemos bajo control, el reformismo moderado en calma después de volver al PP tras su paso por Ciudadanos, y unas mejores perspectivas económicas, la reforma no parece tan urgente.

Aun así, la “bomba generacional” sigue creciendo bajo los pies de un sistema que se cree inmune al paso del tiempo.

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