Gobierno en funciones y control parlamentario

El Gobierno español ha anunciado que no se someterá a iniciativas de control parlamentario en el Congreso de los Diputados. El Secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha informado de la posición del ejecutivo argumentando que se trata de un Gobierno en funciones y que como tal no debe someterse a los instrumentos de control parlamentario.

El señor Ayllón basa su postura en un informe de la propia Secretaría de Estado en el que se afirma que el control parlamentario presupone una exigencia de responsabilidad política y ésta no es predicable del Gobierno en funciones por no disponer de la confianza del Congreso de los Diputados. Para reforzar supuestamente su punto de vista el Secretario de Estado ha equiparado una petición parlamentaria de comparecencia del Presidente Rajoy con una eventual solicitud para que acudiera al Congreso el ex Presidente González que dejó el poder hace veinte años. A nuestro juicio ambos argumentos son totalmente inconsistentes como se tratará de exponer a continuación.

Para empezar debe advertirse que comparar la situación de un Presidente del Gobierno en funciones con la de un ex Presidente de los años ochenta y noventa del siglo pasado está absolutamente fuera de lugar. La razón es simple: el ex Presidente González lleva dos décadas sin tener ninguna responsabilidad gubernamental, mientras que el Presidente Rajoy ocupa actualmente el cargo de Presidente del Gobierno en funciones y, de acuerdo con la Constitución y con la ley 50/1997, dirige un ejecutivo que en toda circunstancia tiene como tarea inexcusable “el despacho ordinario de los asuntos públicos” y que, además, por razones de urgencia o de interés general puede adoptar otras medidas. Sentado lo anterior, corresponde examinar el alcance de las responsabilidades del Gobierno en funciones y si sobre las mismas cabe que el Congreso de los Diputados ponga en marcha mecanismos de control parlamentario.

De acuerdo con el marco normativo existente no ofrece dudas que el Gobierno en funciones está sometido a una limitación funcional como consecuencia de que no dispone de la confianza de la nueva representación parlamentaria elegida el 20 de diciembre de 2015. Ahora bien, el hecho de que el Gobierno en funciones carezca de legitimación democrática para ejercer plenamente las atribuciones gubernamentales no significa que no deba atender a la continuidad del funcionamiento del aparato estatal en todos sus ámbitos. A este respecto el régimen jurídico de la actuación del gobierno en funciones gira en torno a conceptos jurídicos indeterminados: “el despacho ordinario de asuntos públicos” para la actividad propia o normal, y “casos de urgencia” o “razones de interés general” para la actividad excepcional. Sobre el primero el Tribunal Supremo, en su sentencia del Pleno de 2 de diciembre de 2005, ha acabado acogiendo una noción amplia cuando afirma lo siguiente: “el despacho ordinario de los asuntos públicos comprende todos aquellos cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas”.

Si, como acaba de señalarse, un Gobierno en funciones puede y debe tomar determinadas medidas y si, además, el fundamento normativo de las mismas son conceptos jurídicos indeterminados resulta totalmente coherente que dicho ejecutivo en funciones pueda verse sometido al control parlamentario del Congreso de los Diputados. Ciertamente no al control parlamentario de los instrumentos que implican la puesta en juego de la responsabilidad política del Gobierno (moción de censura o cuestión de confianza) ya que, en efecto, el ejecutivo en funciones no tiene una relación de confianza con la Cámara elegida el 20 de diciembre de 2015. Pero sí al control de los mecanismos ordinarios de control parlamentario. A este propósito debe ponerse de relieve que la noción de responsabilidad política gubernamental en una sistema democrático-parlamentario no agota sus efectos en la posibilidad extraordinaria de la remoción del Gabinete por parte del Parlamento, sino que se despliega de manera habitual y constante a través de la obligación del ejecutivo de informar y de rendir cuentas de su actuación a lo largo de todo su mandato, incluido cuando está meramente en funciones.

El criterio expuesto anteriormente es el que defiende un Informe de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, fechado el 19 de enero de 2016, en el que puede leerse lo siguiente: “ (…) en la medida en que el Gobierno en funciones conserva ciertas competencias, excepcionalmente y de forma singularizada en cada caso, la Mesa podría admitir y ordenar la tramitación de la iniciativas de control y de información (preguntas, interpelaciones, comparecencias y solicitudes de informe) que pudieran plantearse, siempre referidas al ejercicio de las funciones que el artículo 21 de la Ley del Gobierno confiere a éste cuando está en funciones”.

De conformidad con el citado Informe de la Secretaría General del Congreso, la Comisión de Defensa de la Cámara acordó la comparecencia del Ministro de Defensa en funciones para el jueves 17 de marzo con el fin de que diera cuenta de los acuerdos adoptados el 17 de febrero en una reunión de los Ministros de Defensa de la OTAN en relación con el problema de los refugiados en el mar Egeo. Esta comparecencia no se celebrará porque de acuerdo con el criterio del Gobierno se ha comunicado al Congreso de los Diputados que el Ministro no acudirá a la Cámara. En la misma línea, y por poner solamente el ejemplo de trámites parlamentarios de control vinculados a dos temas de candente actualidad en el ámbito de la política europea del Gobierno, el Gobierno no ha informado del Consejo Europeo del 18-19 de febrero sobre las concesiones al Reino Unido para su permanencia en la Unión Europea ni se espera que lo haga del Consejo Europeo de los días 17-18 de marzo sobre las medidas acordadas con Turquía en relación con los refugiados provenientes de Siria y de otros países. Obsérvese que el Gobierno está obligado, por imperativo del artículo 4 de la Ley 8/1998, a comparecer ante el Congreso de los Diputados después de cada Consejo Europeo y que la práctica seguida hasta ahora es que lo haga a través de la comparecencia del Presidente del Gobierno.

En definitiva, para el actual ejecutivo español la expresión “Gobierno en funciones” equivale a “Gobierno sin control”. Por el bien de la democracia haría bien en reconsiderar su posición. Argumentos para ello no faltan.

1 Comentario

  1. Guillermo Escobar
    Guillermo Escobar 03-14-2016

    Además de suscribir lo dicho por el profesor Vintró, yo aun diría más: si el Gobierno no comparece, comete una violación de la Constitución tan flagrante que los Grupos Parlamentarios de la oposición deberían estar ya presentando recurso de amparo, por razones de interés general (los ciudadanos no pueden, deben ser representados), solicitando además medidas cautelares urgentes. Guillermo Escobar, Universidad de Alcalá.

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