El modelo territorial del pacto PP-Ciudadanos

Un pacto de investidura puede ser más o menos concreto y más o menos ambicioso. Pero al menos expresa las preocupaciones fundamentales de quienes lo firman, su modo de comprenderlas y de reaccionar frente a las mismas. El pacto de investidura entre PP y Ciudadanos no contiene un programa político en materia territorial, sino simplemente una declaración de defensa de “la unidad de España como Nación de ciudadanos libres e iguales”. Ése es el contenido fundamental y casi exclusivo del apartado correspondiente al “modelo territorial”.

Ambas fuerzas, pues, asumen como preocupación relevante un peligro para la unidad de España, que comprenden como algo a lo que oponerse mediante el impulso de “un Pacto por la Unidad de España y la defensa de la Constitución, en el que estén presentes todas las fuerzas constitucionalistas… “cuyos firmantes “mantendrán un compromiso firme en defensa de la soberanía nacional y contra todo intento de convocar un referéndum de secesión de cualquier parte del territorio nacional”. El peligro pues no se expresa, al menos en primera instancia, como la desafección hacia el modelo constitucional o hacia la unidad de España como nación, sino como la convocatoria de un referéndum de secesión. Y la respuesta es clara: la oposición frente a ese referéndum, auténtica piedra de toque del pedigrí de fuerza constitucionalista.

Lectura desalentadora

De modo mucho más tímido, el pacto incluye un compromiso de estudio de “la actualización del texto constitucional para la mejora de la Norma Fundamental …” a cuyo fin “se utilizará como referencia el informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones constitucionales de febrero de 2006”. Una apertura a la reforma constitucional en materia territorial (parece que las amenazas de desafección que se plantean en otras cuestiones, desde la de protección de derechos a la financiera o la institucional no han llegado a alarmar a los firmantes) que se vincula a un informe que si ya en su momento pudo considerarse excesivamente limitado (por las cuestiones planteadas por el entonces gobierno y por la propia óptica del Consejo de Estado) hoy ha sido además superado por los acontecimientos.

La lectura de estos párrafos es profundamente desalentadora para quien cree que la Constitución y la unidad territorial son elementos de integración política a construir y reforzar mediante pactos, reformas y acuerdos y que el llamado reto independentista sólo tiene respuesta mediante la reintegración de buena parte de sus partidarios en un modelo común. Tales párrafos, en cambio, ilustran una concepción de la actual crisis ajena por completo a eventuales problemas y reformas del modelo autonómico o incluso de su presentación ciudadana; y, sobre todo, refuerzan la exclusión de quienes cuestionan el actual modelo territorial.

Reforma del Senado

El único ámbito en el que existe una mínima concreción de reformas refuerza esta idea: la reforma del Senado pretende reducir el número de senadores y concentrarse en sus funciones territoriales. Si la primera finalidad nada tienen que ver con un modelo territorial, la segunda ignora que lo que define una Cámara parlamentaria no son sus funciones (que ya se determinarán, ampliarán o reducirán) sino su elección y, por consiguiente, su función. El Senado será lo que resulte del modo de elegir a los senadores. Y su vinculación con el modelo territorial se derivará sólo de su elección por las instituciones autonómicas. Y, a la inversa, las instituciones autonómicas sólo participarán de verdad en las decisiones estatales cuando exista una institución que las represente en el Estado. Sobre esas cuestiones, el Pacto guarda silencio, quizás porque la concepción del Senado de alguno de sus firmantes no es compatible con estas ideas.

Duplicidades autonómicas

Al margen de estas referencias expresas al “modelo territorial”, como se titula el correspondiente apartado, el pacto contiene algunos elementos adicionales que expresan una segunda línea ideológica en materia territorial: el modelo autonómico es fuente de duplicidades, diferencias y obstáculos que hay que reducir. Así, se insiste en carteras de servicios comunes para todos los españoles, eliminación de duplicidades, armonización de tributos, de licencias y de permisos, etc. Tras varios años de programas de reforma de la administración para evitar duplicidades, leyes de libertad de prestación de servicios o de garantía de unidad de mercado, podría creerse que esos objetivos se habían alcanzado, o que existían obstáculos razonables para alcanzarlos. Pero parece que no. Se necesita una nueva legislatura con un nuevo pacto de investidura (y sin mayoría absoluta) para alcanzarlos. Aunque quizás sean tan resistentes porque nada es más difícil que eliminar que lo que no existe (las duplicidades) o lo que está en la propia definición del sistema autonómico (las diferencias normativas y, en consecuencia, de derechos). Por ejemplo, las “discrepancias” tributarias entre Comunidades Autónomas no son sino la expresión de las legítimas y deseadas diferencias políticas entre ellas, fruto de la tan reclamada corresponsabilidad fiscal. En cualquier caso, si esta idea puede ser ilusionante para las fuerzas firmantes del pacto, no parece que vaya a contribuir a acercar al modelo a quienes hoy se sienten ajenos al mismo.

Educación trilingüe

El pacto contiene una “coda” en materia autonómica que se ha convertido en el centro de la discusión en Catalunya: la implantación de “una educación bilingüe y trilingüe de calidad en la escuela pública, que garantice a todos nuestros jóvenes el dominio del inglés”. La afirmación, en un juicio de intenciones derivado de la falta de referencias a las competencias autonómicas (mención que si se encontraba en la medida análoga contenida en el acuerdo de PSOE y Ciudadanos) y del acervo de ambas fuerzas en la materia, se ha presentado como una agresión al modelo de inmersión lingüística imperante en Catalunya, lo que parece ciertamente exagerado: citadas o no, las competencias autonómicas deberán respetarse, aunque hasta donde se extiendan será sin duda cuestión polémica. En cualquier caso, el modelo educativo español necesita de un debate que discurra, por una vez, al margen de cuestiones idiomáticas y religiosas que, a juicio de este profesor de universidad, no son en absoluto nucleares para su calidad.

Finalmente, las propuestas en materia de administración local, descartada la supresión o reconversión de las diputaciones, no son sino una repetición de lo dicho en el ámbito autonómico: nada existe salvo la eliminación de pretendidas e indeterminadas duplicidades y discrepancias y (por enésima vez) incrementar la independencia y el control de secretarios e interventores, positiva medida que se repite en leyes, programas y pactos desde hace por lo menos tres legislaturas.

En fin, en este ámbito un pacto más político, en el peor sentido de la palabra, que de gobierno. Una vez más, un acto de escenificación del enfrentamiento carente de auténticos contenidos y más aun de propuestas.

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