El mal gusto no es delito: apología de la libertad de expresión

Recientemente saltaba la noticia de que la Fiscalía pedía el castigo, con penas de prisión, para una joven estudiante de la Universidad de Murcia por tuits en los que contaba chistes negros sobre el asesinato de Carrero Blanco. No es el único caso. El juicio al concejal de Madrid Guillermo Zapata, el caso de los titiriteros o, en nuestra Región, la polémica suscitada por el cartel de la revista Mongolia jugando con la imagen de la Virgen de la Caridad, obligan a reflexionar sobre la justificación y los límites de la libertad de expresión.

Pues bien, es cierto, como ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la libertad de expresión es “fundamento esencial de una sociedad democrática. Sin opinión pública libre no puede haber democracia. Y también es verdad que existen mensajes o discursos que no aportan nada a la opinión pública o, incluso, que emponzoñan el debate. Piénsese, por ejemplo, en discursos racistas o en este tipo de chistes de mal gusto. Sin embargo, no podemos olvidar que, más allá y antes de esta dimensión democrática, la libertad de expresión se reconoce precisamente para proteger que cualquier individuo pueda expresarse sin censura por muy rupturista que sea su mensaje. Es la libertad del hereje, del disidente político y del sátiro.

La libertad de expresión tiene límites

¿Ello quiere decir que la libertad de expresión sea absoluta? Claro que no. La libertad de expresión tiene límites y la propia Constitución reconoce expresamente algunos de ellos: los derechos de la persona y, en particular, el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la infancia y de la juventud. De hecho, el Tribunal Constitucional había venido haciendo una interpretación bastante matizada de tales límites favorable a un amplio reconocimiento de la libertad de expresión: el mal gusto o las expresiones molestas o hirientes están amparadas por la libertad, pero no el insulto ni las expresiones vejatorias o humillantes de una persona; como tampoco estaría protegido provocar creando un “peligro real” de que se cometan actos ilícitos, ni revelar información íntima sin relevancia pública o falta de veracidad.

Entonces, ¿cómo puede ser que nos encontremos con casos como los relatados en los que se juzga por enaltecimiento del terrorismo a una estudiante por un chiste de mal gusto? Ha ocurrido que el legislador, en los últimos tiempos, ha endurecido una serie de delitos como el de enaltecimiento terrorista o el que castiga el discurso del odio (racista, xenófobo…), dando pie a que se terminen sancionando los discursos por como “suenan”. Resulta preocupante la cantidad de condenas de la Audiencia Nacional a jóvenes por mensajes de twitter que “suenan” a provocación terrorista o que “parecen” humillantes, sin que los tribunales enjuicien si los mismos han generado el más mínimo peligro o si verdaderamente han ofendido a una víctima. A mi juicio, estos delitos en su formulación actual presentan graves vicios de constitucionalidad.

Y, entre ellos, cabría destacar el efecto disuasorio que generan para el ejercicio de la libertad de expresión. Habrá personas que hoy por hoy se planteen si contar un chiste o hacer una crítica por miedo a poder ser castigados. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en los últimos tiempos ha dado muestras de un alarmante viraje antiliberal y ha avalado la constitucionalidad de estos delitos, justificando la condena por la quema de retratos del Rey, aduciendo el carácter intolerante del mensaje (STC 177/2015); o admitiendo una genérica peligrosidad para castigar por enaltecimiento del terrorismo (STC 112/2016).

Error en el planteamiento

Sinceramente, en el debate público sobre la libertad de expresión creo que se cae en un error de planteamiento. La libertad de expresión inmuniza un discurso frente a sanciones jurídicas, pero ello no lo hace respetable ni quiere decir que sea bueno. En algunos casos habrá que combatirlo con un potente discurso y con acciones sociales. No se castiga jurídicamente porque la sociedad en sí ha de ser fuerte en su reproche sin necesidad de que actúe el Estado, con el consiguiente riesgo de que éste se exceda y terminemos sufriendo casos de censura ideológica.

Reconocer la libertad de expresión y, en definitiva, creerse el espíritu de la democracia, implica presumir (aunque sea idealmente) que los ciudadanos somos individuos autónomos y responsables; personas maduras capaces de tomar nuestras propias decisiones y de responder ante ideas erróneas o execrables. Exige también responsabilidad en el uso de nuestras libertades y respeto hacia quienes piensan de forma distinta en una sociedad plural. Demanda tolerancia. Ello no quiere decir que haya que abdicar de aquellos valores basilares sobre los que se asienta nuestra convivencia democrática: igualdad, respeto a los derechos de las personas y en especial a la dignidad humana… Y la defensa de los mismos en algunos casos necesitará del Derecho, incluso del Derecho penal, como forma de coacción frente a los agresores, pero reclama, sobre todo, educación cívica.

El mal gusto o la estulticia no pueden ser delito, aunque ello no quiere decir que como sociedad lo toleremos. Podemos y debemos responder ante discursos radicales, ante expresiones execrables. Pero debemos hacerlo como sociedad educada y culta que por sí misma es capaz de reprocharlos sin necesidad de recurrir al brazo armado del Derecho. Una sociedad plural que reconozca la libertad de expresión implica tener que lidiar con una cierta dosis de basura, que será inmune jurídicamente; pero ello no quiere decir que la santifiquemos. ‘Fortis est veritas’, como reza el lema de la Universidad de Oxford. Y, como recordara S. Mill, si ni nuestros maestros ni nuestros sacerdotes son capaces de oponerse a la barbarie, a lo mejor entonces es que nuestra civilización merece ser arrasada por “bárbaros vigorosos” porque habremos perdido nuestra fuerza moral como sociedad.

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