El caso Nóos, con más detalle

A la sentencia del caso Nóos se le ha dicho de todo menos guapa. Ha defraudado las expectativas de los irritados ciudadanos y más por la ignorancia alegada por la Infanta Cristina. A la irritación se ha añadido el cuñadismo mediático que ha pontificado sin saber de la misa la media. Sin haber leído la sentencia (754 folios) ni cientos de actuaciones llevadas a cabo y documentadas durante la instrucción. No vale decir que se hace una lectura política. Nadie haría una lectura política de una combinación de aminoácidos, por ejemplo.

Para empezar, un pleito penal hay que plantearlo en función de lo que se quiere obtener…y se puede obtener con la prueba de que se dispone. La preparación del juicio se basa en la instrucción, especialmente, en delitos económicos en pruebas documentales y periciales más que en testificales, salvo en los casos, nada infrecuentes de los arrepentidos, que también han frecuentado el caso Nóos y han salido bien parados penalmente.

Veamos, desde esta perspectiva la absolución de la infanta. En delito fiscal –por el único que se le acusaba- hay que probar el fraude –el engaño a Hacienda-. No se prueba la comisión del fraude alegando que el sujeto conocía lo que hacía su cónyuge. Conocer no es defraudar. Conocer no es hacer: nadie se pondría en manos de la pareja de un cirujano para ser intervenido, por más que fuera un matrimonio dialogante en grados inimaginables. Para defraudar, en fin, hay que probar que, de hecho o de Derecho, se tiene poder de decisión para, por lo menos, decir qué y cómo se tributa. Firmar sin más, no es decidir. Nadie habla de este vacío enormemente significativo. Fracasó, pues, la acusación, Manos Limpias, recuérdese. Por si fuera poco, el peritaje que propuso resultó todo menos favorable a sus tesis y lo que no le impidió seguir solicitando la máxima pena posible. De ahí su condena en costas: por temeridad.

Además del fraude, hay que cuantificar el monto de la defraudación, que ha de ser superior a 120.000 € de cuota. Pues bien, ningún cifra sobre el monto no declarado obra ni en el auto de apertura del juicio oral ni en la prueba practicada en la vista.

Llama la atención que no se considerara nunca en instrucción que la infanta, que hacía valer su condición de tal, hubiera podido cometer algún tráfico de influencias o haber cooperado en algún otro delito contra la Administración pública. Ni qué tenía ver en todo el caso el Secretario de la Casa Real, García Revenga, que, inicialmente imputado, fue eliminado de la causa por el Instructor con una fundamentación rituaria de apenas línea y media.  Mantenida fuera de los delitos principales, se concluye que estaba al margen de todo; de las cuestiones fiscales, también. Cuestiones fiscales que para el ciudadano medio son un tema arduo, por más estudios que se tengan. En fin, los vicios de esta construcción, que han servido en bandeja la absolución a su defensa, vienen de la instrucción. Quizás se instruyó hasta dónde se pudo y no todo lo que se quiso. Pero esto no consta en lugar alguno de las actuaciones, lo que no significa que los obstáculos vinculados a diversas fuentes no existieran, lo que parece más que probable.

No menos llamativo –pero también irritante- resulta la enorme diferencia entre las peticiones del fiscal y sus magros logros. Respecto a Urdangarín,  algo más del 30% de las penas que pedía; respecto a Torres, la mitad. ¿A qué se debe esta enorme desviación entre lo pedido y lo dado? Pues, salvo que lo enmiende el Tribunal Supremo, a una mala formulación de la acusación, dando por demasiado sólidas muchas de las pruebas derivadas de la instrucción.

Por un lado, de los cuatro grupos de delitos de saqueo de lo público (dos en les Illes, y sendos en Valencia y en Madrid), la Audiencia solo ha considerado probado íntegramente uno, recortes de otro y algún delito episódico (blanqueo de capitales). Llamativo este vacío cuando el fiscal que acusó en el juicio es el mismo que, junto con el juez, instruyó la causa hasta su desconexión procesal por la imputación de la infanta. Llamativo. Tanto como el no haber apreciado ni una sola de las atenuantes que la Audiencia considera eficaces para atenuar las penas. La estrategia no parece haber sido la mejor y ha dejado un regusto amargo. Algo habría que haber revisado antes de actuar. Recordar, en fin, que lo que no se apuntala en la instrucción, naufraga en el juicio oral. ¿Otra instrucción fue posible?

Al fiasco –en comparación con las expectativas generadas- de la sentencia le ha seguido el fiasco de la ejecución provisional de la condena de poco más de 6 años de prisión que ha merecido Urdangarín. Después de una presión inusitada y, por lo que se ve, desproporcionada, nos llevamos la sorpresa del peculiar aseguramiento impuesto al condenado por la Audiencia Palma  para que, en su caso, no se sustraiga a la acción de la Justicia y  cumpla la pena que resulte firme tras su recurso al Tribunal Supremo. Estamos ante la ejecución provisoria de una pena grave que se salda, en esencia, justificando el arraigo en España de alguien que vive en Suiza, sin fijar ninguna medida real, es decir, patrimonial. Esta peculiar resolución en gran medida también fue servida por la blanda petición del fiscal al instar prisión eludible con fianza. Desde ese anuncio, la resolución de no ingreso en prisión estaba cantada. No, empero, el que las medidas de aseguramiento fueran tan livianas. El comportamiento de la Fiscalía parece errático: máxima presión, que no es ni de lejos coronada por el éxito en el juicio y suavidad en la ejecución provisional de la pena, que tampoco se ve coronada por el éxito en Urdangarín y algo más en el caso de Torres.

Queda un último interrogante que, a la vista de los antecedes y los vaivenes en su intensidad de la acusación pública, genera inquietud. De forma innecesariamente poco técnica, el fiscal ha declarado que pedirá más penas en su recurso ante el Tribunal Supremo. Traducido al proceso: para pedir más penas, o bien pide que, sin mencionar más delitos que los que son objeto de la condena, se anulen o reduzcan las atenuantes,  o bien pide se incorporen hechos que la Audiencia de Palma ha declarado no probados. Ardua tarea. Pero sea como fuere ese no es la mayor y poco reconfortante incógnita que se alza en el inmediato futuro.

Así es: tal como está configurada el Ministerio fiscal, quien anuncia el recurso de casación es la Fiscalía de la Audiencia que ha dictado la sentencia que se quiere recurrir. Sin embargo, quien ha de sustentar ese recurso ante el Tribunal Supremo es la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, es decir, los fiscales de mayor rango. Estos, de su propia iniciativa o por orden de sus superiores, pueden decidir, lo que no es infrecuente, que el recurso que ha preparado el compañero de provincias está llamado al fracaso por razones jurídicas: la sentencia que se recurre está muy bien formulada, el recurso se aparta de la doctrina del Tribunal Supremo, los alegatos son endebles,…

Piense el lector por un momento que, respecto a uno o respecto de todos los acusados, la Fiscalía ante el Tribunal Supremo decida que el recurso contra su condena no es viable, que la sentencia es conforme a Derecho y que solo impugnarán, porque lo impone la ley, los recursos de los  condenados contra su condena.

O sea: si el panorama no ha sido del general agrado hasta ahora, siendo optimistas, la cosa pudiera empeorar.

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