¿Descolgar las esteladas? El caso de Berga

Se ha tratado ampliamente, por unos y por otros, de las consecuencias del mantenimiento de las esteladas tras la prohibición por parte de la Junta Electoral de colocar las mismas en lugares públicos y locales electorales de Berga en las pasadas elecciones. No sin cierta teatralización, culminó, por ahora, el pasado viernes con la puesta a disposición judicial por parte de  la fuerza pública  de la Alcaidesa de Berga, Montserrat Venturós, imputada por tales hechos y puesta en libertad tras su declaración.

No siempre el análisis jurídico efectuado se ha sido verificado como tal. En efecto, o se desconocían o los hechos y/o la normativa aplicable o se hacía decir a las normas lo que se quiere que digan, al margen de lo que digan en realidad.

El Derecho, se afirma con razón, y más el Derecho que se pretende fruto de un ordenamiento plenamente democrático, es un complejo mecanismo que sirve para lo que sirve: solución pacífica de conflictos en clave de justicia y reafirmación del pacto social. Si lo comparásemos con un ferrari  es obvio que su poseedor no lo presentaría al Paris-Dakar. Dicho de otro modo: el Derecho puede ser ampliamente o restrictivamente aplicado, pero no es un chicle infinito ni puede ser usado en contra de su propia naturaleza. Ello sin olvidar que ni es oro todo lo que reluce ni el Derecho se puede aplicar a todo.

Los que parecen licenciados en los barracones de Guantánamo o condiscípulos de Saul Goodman en la American Samoa University quizás puedan pensar de otro modo, pero nadie les pediría ni consejo legal ni aceptaría ser su justiciable en un tribunal presidido por ellos.

Así las cosas, veamos como han discurrido los hechos.

En primer término, aparece la prohibición por parte de la Junta Electoral de colocar las esteladas en edificios públicos y electorales de Berga -y otros muchos municipios catalanes- las últimas elecciones catalanas y españolas, prohibición fruto de diversas denuncias. Esta resolución -se piense lo que se piense de la misma- no se llevó a la práctica. Así las cosas, cabía una solución, dada la jurisdicción electoral en la que se movía la controversia: acudir, por parte del instante de la denuncia a la Junta, si esta no actuaba ya de oficio, para que, incluso a costa de las administraciones demandadas, se retiraran por operarios habilitados al efecto dichas banderas. La Junta ni hizo eso. Llamativo.

En cambio, uno de los reclamantes ante las Juntas electorales,  Sociedad Civil Catalana, denunció penalmente a la Alcaldesa de Berga por delito electoral. Al parecer, el delito en juego es el previsto en el art. 144. 1 de la Ley Electoral, es decir por infringir la normativa sobre propaganda electoral, lo que comporta, una pena de prisión de tres meses a un año o la de multa de seis a veinticuatro meses.

En mi opinión, no se debió admitir a trámite la querella. En esencia, por dos motivos. Por ser la aplicación del Derecho penal desproporcionada al caso y por no haberse infringido normal penal alguna.

Veamos. El Derecho penal, el acto imperio jurídico más contundente de que dispone una sociedad civilizada y democrática en tiempo de paz, ha de ser aplicado siguiendo unos principios muy estrictos, cosa que los tribunales suelen, en general, llevar a cabo. Aquí, lo que está en juego, con la desproporción aludida, es lo que denominamos el carácter fragmentario del Derecho penal.

¿Qué quiere decir este tecnicismo? Algo bien sencillo: que el Derecho penal no protege todas y cada una de las lesiones o puestas en peligro de todo lo que sea imaginable. Solo responde ante la lesión o puesta en peligro de lo que consideramos bienes jurídicos (los sentimientos, las sensaciones, la moral, por ejemplo, no lo son). No solo eso: cuando estamos ante un bien jurídico, el despliegue punitivo no lo es necesariamente en toda su extensión. La mayoría de bienes jurídicos, salvo los de carácter vital (delitos contra la vida y la integridad física, mental y moral) que si tienen casi una protección del 100 por 100 de carácter penal, están protegidos mayoritariamente por otras ramas del Derecho; así, por ejemplo, la familia por el Derecho civil; el patrimonio también mayoritariamente está protegido por el Derecho civil, el mercantil y el administrativo; y así hasta el infinito. Se afirma y con razón, que el Derecho penal sólo acude allí donde es imprescindible y que otras ramas del ordenamiento jurídico puede ofrecer mejor protección y garantía a los intereses ciudadanos y colectivos con mucho menor coste personal y social.

En nuestro caso, bastaba, como se ha anticipado más arriba, con que la Junta Electoral, por sí misma o a petición de los interesados, hubiera recabado el auxilio de terceros ajenos a la administración demandada, incluso a su cargo, y hubiera retirado las enseñas que estimaba electoralmente tóxicas. El recurso abusivo al Derecho penal ya hubiera permitido inadmitir la denuncia penal contra la Alcaldesa de Berga.

Aun no habiendo considerado este motivo, existe otro de fondo de gran entidad. Esto es: ¿qué delito se comente en campaña electoral colgado una estelada de un edificio público?. La estelada es el símbolo vexilológico de un anhelo político perfectamente legal: la independencia de Cataluña. Reitero: perfectamente legal. El que ello pueda disgustar, enfadar, incluso enfurecer y hacer enrojecer de ira a alguien, no es delictivo, puesto que no existe el derecho a no sentirse ofendido. Si así fuera, todos estaríamos en la cárcel.

Dicho esto, la independencia la llevan en sus programas diversos partidos. Por lo tanto, no es propaganda electoral para favorecer ilegalmente a este u otro partido. Es expresión de una corriente de opinión, tan legítima como su contraria. Equiparar las esteladas a un acto propagandístico electoral de un partido es imposible con la ley actual en la mano, ya bastante restrictiva, pacata y paternalista para con los electores, que tiene tan influenciables como si se tratara de desamparados infantes.

Si la estelada es propaganda electoral, podrían serlo también los crucifijos o  diversas representaciones de integrantes del santoral que presiden o simplemente se encuentran en los colegios electorales -en ese acto de la votación y escrutinio, lugar público a efectos legales- que, a su vez, son en no pocas ocasiones centros de enseñanza religiosos. Nadie interpretará que se está bombardeando con publicidad electoral a los votantes a, por ejemplo, aceptar la derogación del divorcio o del derecho al aborto o a aumentar el impuesto religioso, que algunos partidos llevan con más menos fortuna en sus programas.

Una última cuestión. Úsese el término de desobediencia con propiedad jurídico-penal, no como la referida al hijo travieso que, pese a las advertencias de sus padres, sigue subiéndose al taburete para alcanzar el bote de los caramelos de la alacena.

No es ese el sentido jurídico-penal del término desobediencia. Ni lo es ni lo puede ser. En los aludidos centros educativos de Guantánamo o Samoa puede; desde luego plagan las ondas, las páginas y las webs. Sea como fuere, no es Derecho vigente en España. Para lo que aquí interesa, la Alcaldesa de Berga desatendió el llamamiento del juez para ir a declarar a su presencia como imputada -olvidemos la cursilada de investigada-. A diferencia de los testigos, peritos y otros colaboradores de la justicia, la inatención por parte del imputado de las conminaciones judiciales carece de sanción penal o de cualquier otro tipo. Si llamado a declarar, el imputado no comparece, el juez ordenada a la policía judicial traerlo a su presencia; cosa que hará todas las veces que sean necesarias. Puede, incluso, cosa que parece que ha sucedido aquí, prevenir al renuente imputado con la prisión, caso de reiterar su inasistencia. Podría. Pero resultaría claramente desproporcionado, vista la pena de la pena prevista, en el peor de los casos, no superior al año de prisión. Además, es obvia la localización permanente y a la luz del día de la Alcaldesa, con su alarde público de insubordinación (en términos no penales) para con el orden establecido,  de lo que hacer gala es un elemento esencial de su actuación política. Bastaría para conseguir la presencia de la edil ante el Instructor, si hiciera caso omiso a las citaciones, con volverle a enviar a la fuerza policial para que la lleve a su presencia.

La causa dista mucho de haber acabado y la teatralización de unos y otros provocará su alargamiento y dificultará el análisis jurídico sereno que cualquier causa judicial merece.

2 Comentarios

  1. R. de Muñoz
    R. de Muñoz 11-07-2016

    Pedagógico artículo: se agradece esta luz aportada a propósito de la teatralización a que hemos o estamos asistiendo. Pero no parece que la legalidad de los anhelos políticos de las personas, materializados como aspiraciones de las organizaciones políticas de que forman parte o con que se identifican, sea trasladable al caso, precisamente por tratarse de instituciones públicas, que no han de respetar la ley deseada, sino la vigente, como no deberían representar parcialmente a la ciudadanía, al menos, no de una forma tan ostentosa y en el momento en que la soberanía retorna al soberano para que vuelva este a elegir a sus representantes. El contraargumento de los crucifijos tiene sentido, pero menos si hacemos la comparación con el momento en que su sola presencia alimentaba la espiral del silencio que late detrás de la duda acerca de las esteladas según cuándo y dónde. No es una cuestión de sentimientos, sensaciones ni moral de quien se pudiere ver ofendido. Que sea o no objeto del Derecho penal compete dilucidarlo a otros, el profesor Queralt entre ellos, la Justicia en última instancia. Ahora bien, así como debería ser cierto que los ciudadanos no somos “desamparados infantes”, tampoco una alcaldesa deja de serlo, y no es como vecina que colgó la estelada de su domicilio. Por si tiene utilidad la reflexión, surge de la duda.

  2. R. de Muñoz
    R. de Muñoz 11-07-2016

    Disculpe: esta anotación es solo para indicarle a quien pueda corregirlo que donde dice “pudiere ver ofendido” debería decir “pudiere verse ofendido”. Gracias.

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