¿Condiciones o coartada innecesaria?

Las seis condiciones de Ciudadanos para la negociación de la investidura de Mariano Rajoy pueden aceptarse de diversas formas y con consecuencias distintas.

La separación (provisional) de cargos públicos imputados por corrupción suscita riesgos relevantes en relación con el posible uso político de la instrucción penal. Su configuración concreta puede ser muy diversa en su alcance (cargos y delitos considerados) y en la forma de acordar la separación (automática o por decisión judicial condicionada a la eventual reincidencia u ocultación de pruebas). Todas estas variables inciden sobre la forma legal de su eventual regulación, que planteará sin duda problemas de constitucionalidad en relación con los derechos de acceso a cargo público y de presunción de inocencia, más intensos cuanto más automático sea el mecanismo. No es fácil transformar en norma lo que sería una buena regla de conducta política.

La eliminación de los aforamientos «ligados a cargos públicos y representantes políticos» requiere una reforma de la Constitución, pues en ella se recoge el fuero especial de diputados, senadores y miembros del Gobierno, y necesita así del voto favorable de tres quintas partes de Congreso y Senado, por lo que el acuerdo PP-C’s deberá ampliarse a otras fuerzas. Se trata de una demanda convertida en los últimos meses en símbolo de la lucha contra la corrupción y la igualdad ante la justicia; como todo símbolo, ignora elementos como las (no infrecuentes) instrucciones judiciales sospechosas de orientación política o el carácter menor de la protección derivada del aforamiento.

Cambios de la ley electoral

La reforma de la legislación electoral no plantea especiales problemas en relación con el voto de los españoles en el extranjero y la previsión de un sistema de listas desbloqueadas. Ambas reformas pueden adoptarse mediante ley. Cuestión distinta es que deba considerarse que la actual y criticada regulación del voto en el extranjero obedece a distorsiones tradicionales anteriores (esas sí vinculadas a la corrupción) y que la eficacia de las listas desbloqueadas puede ir desde su irrelevancia, como en las actuales candidaturas al Senado, al refuerzo de los perfiles más personalistas de los partidos y la dificultad de una actuación clara y responsable de sus direcciones.

En cambio, la reforma del sistema para aumentar su proporcionalidad es un principio abierto cuya concreción plantea problemas: desde su difícil compatibilidad con el refuerzo de las listas más votadas (posición tradicional del PP) a las múltiples alternativas de incremento de la proporcionalidad (del sistema de doble lista a la sustitución general de la circunscripción electoral provincial). Todo ello pasa necesariamente por una reforma constitucional y, en consecuencia, por la negociación con otras fuerzas. Esa indeterminación al tiempo que la clara opción por una línea de reforma (la proporcionalidad) hacen de la propuesta una clara base de negociación más que una condición de partida.

Un paquete amplio

Las restantes condiciones plantean menos dudas: nada impide eliminar por ley el indulto a condenados por corrupción, y es de esperar que se suscite así una regulación general del indulto. La limitación del mandato del presidente del Gobierno a ocho años podría quizá introducirse en una ley, pero sería más adecuado llevarla a la Constitución, tanto para protegerla frente a futuras mayorías parlamentarias como por coherencia con la actual regulación constitucional exhaustiva. Finalmente, la transparencia de una comisión de investigación sobre financiación ilegal del PP no se vincula a reformas legales, sino a un comportamiento político futuro del PP, de difícil objetivación.

En cualquier caso, debe recordarse que la reforma constitucional es una cuestión de difícil limitación a aspectos concretos. Otras fuerzas plantearán sus propuestas de reforma; y el necesario acuerdo entre partidos solo puede alcanzarse mediante un paquete suficientemente amplio: los derechos sociales, la organización territorial, la justicia o la relación entre Parlamento y Gobierno no pueden quedar al margen del debate hoy… so pena de alcanzar una reforma deslegitimada por su unilateralidad y sus efectos excluyentes. Remitirse a la reforma constitucional sin proponer un procedimiento de debate amplio y abierto parece más una cuestión de imagen que una apuesta política efectiva. La reforma constitucional y la «regeneración política» aparecen como perfecta condición aceptable y sin muchas consecuencias para legitimar públicamente algo que no debería necesitarlo: la negociación de un programa entre fuerzas afines. Más todavía cuando tales propuestas no son fruto de una reflexión amplia y compartida sino más bien lugares comunes fácilmente identificables y -palabra mágica- visualizables en los medios de comunicación.

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